El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, enfrenta un nuevo conflicto con los gremios docentes luego de publicar un decreto que modifica el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos sostienen que la reforma no puede implementarse por esa vía y reclaman que el proyecto pase por la Legislatura porteña tras una instancia de negociación.
La polémica surgió la última semana, a pocas horas del inicio del receso escolar. En ese contexto, el móvil de Somos Radio AM 530 informó que el Gobierno porteño impulsó cambios que, según los gremios, responsabilizan a los docentes por la calidad educativa y endurecen las condiciones para permanecer en la carrera.
“El Gobierno porteño responsabiliza de la calidad educativa a los docentes”
El movilero Martín Suárez aseguró en Somos Radio AM 530: “El Gobierno porteño responsabiliza de la calidad educativa a los docentes; no hace autocrítica de las medidas impuestas por el Ministerio de Educación. Entre los puntos polémicos, presiona a los trabajadores de la educación para que no tomen licencias médicas y ordena que para seguir en la carrera docente, tiene que tener el 90% de asistencia anual”.
En ese sentido, la titular de la Corriente de Trabajadores de la Educación (CTE), Carolina Brandariz, cuestionó el alcance de la medida. “Vemos que sin ley de paritarias para los docentes de la Ciudad, el gobierno de Jorge Macri avanza sobre los derechos de los docentes, ajusta en nuestro cuerpo de licencias y a quienes más perjudica es a aquellas docentes que son sostén de hogar, que tienen el ingreso más importante de la familia o el único ingreso, porque esas compañeras son las que a veces tienen que pedir días por familiar enfermo”, afirmó.
Los cambios que impulsa Jorge Macri en el Estatuto Docente
La reforma incorpora modificaciones en distintos aspectos de la carrera docente. Entre ellos, fija una antigüedad mínima de dos años para solicitar traslados y exige nuevas titulaciones para acceder a cargos directivos. A su vez, cambia el sistema de evaluación al incorporar la asistencia como un criterio central.
Además, modifica el régimen de licencias administrativas y reorganiza el sistema de puntajes para la carrera docente. Los gremios sostienen que estas medidas afectan derechos laborales adquiridos. Al mismo tiempo, rechazan que el Gobierno porteño haya decidido avanzar mediante un decreto. Todo ello, sin haber convocado a los representantes del sector ni enviar un proyecto a la Legislatura de la Ciudad.
