La Justicia Electoral tomo la decisión de suspender los aportes públicos de 20 espacios políticos debido a documentación adeudada respecto a los balances correspondientes al año 2025. Entre los espacios afectados se encuentran el Frente Renovador, de Sergio Massa; Coalición Cívica ARI, que responde a Elisa «Lilita» Carrió; el GEN, de Margarita Stolbizer; y Principios y Valores, dirigido por Guillermo Moreno.
La jueza María Servini emitió la decisión y exigió a las 20 agrupaciones presentar la documentación pendiente en los próximos 15 días hábiles, el período enmarcado dentro de la Ley de Financiamiento de partidos políticos. Por su parte, el GEN afirmó que la demora en su presentación se debió a que «cambiaron el contador«.
Los partidos afectados
Los espacios alcanzados por la medida de Servini y que se mantienen sin financiamiento público son: Coalición Cívica – ARI, GEN, Principios y Valores, Frente Renovador, Encuentro Republicano, Autonomista, Movimiento de Integración y Desarrollo, Frente Patriota Federal, de La Victoria, Demócrata Progresista, Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur, Libertario, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Demócrata Cristiano y Socialista Auténtico.
¿Qué establece la Ley de Financiamiento?
La magistrada sostuvo que la Ley 26.215 regula el origen, uso y control de los fondos de las numerosas agrupaciones políticas del país, que combinan financiamiento público y privado. Dentro del esquema de financiamiento, los fondos estatales están destinados a la capacitación política y la realización de campañas electorales; lo que podría complicarles su desempeño en 2027.
Dentro de la ley se establece que los partidos políticos deben presentar todos los años los balances de sus ingresos y egresos, acompañándolos con toda la documentación necesaria en un plazo de 90 días después del cierre de cada período. Esto con el objetivo de mantener la transparencia, legalidad y control sobre las agrupaciones a fin de evitar aportes ilegales y prevenir el ingreso de fondos provenientes de actividades ilegales.
Como parte del esquema de financiamiento transparente, cada partido debe tener una cuenta en un banco oficial desde donde utilizará su dinero, además de centralizar el pedido de informes para saber quién otorgó fondos y en qué se utilizaron. En caso de carecer de la documentación o registrar inconsistencias, la Justicia Electoral podrá aplicar penas y restricciones a los espacios que no respeten los lineamientos de transparencia o superen los límites de fondos permitidos.
