El Gobierno nacional y la Dirección Nacional de Vialidad deberán realizar tareas de reparación, bacheo y señalización de manera «urgente e inmediata» en las rutas nacionales 7, 8 y 33. La orden la dio el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa. La resolución judicial responde a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio ante el estado de deterioro de los corredores viales que atraviesan el departamento General López, en el sur de Santa Fe.
El fallo judicial ocurre en un contexto de reclamos por la falta de inversión en infraestructura y denuncias penales por el presunto desvío de fondos específicos del Sistema Vial Integrado (SisVial) hacia el sostenimiento del equilibrio fiscal.
El reclamo de Santa Fe
La senadora Leticia Di Gregorio, impulsora de la medida, advirtió sobre el peligro constante para los viajeros. Al respecto, afirmó que «es realmente una ruleta rusa salir a la ruta«. Según los fundamentos del recurso, la provincia de Santa Fe aportó en 2025 aproximadamente $480 mil millones a través del impuesto a los combustibles, pero Di Gregorio denunció que «no está volviendo un solo peso» para el mantenimiento de la red vial local.
Por su parte, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, respaldó el reclamo judicial. Detalló las consecuencias económicas y de seguridad para la región. «Hoy da miedo transitar la ruta 33 por el estado en el que está, porque no te podés tirar a la banquina por los pastos altos, los pozos, los ondulamientos». Chiarella también señaló que la falta de inversión nacional termina presionando sobre el sistema de salud público por los siniestros viales.
Fondos para el equilibrio fiscal
El fallo coincide con la denuncia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien acusó a funcionarios del Ministerio de Economía y de Vialidad Nacional por malversación de caudales públicos. La legisladora denunció que existen más de $1,038 billones destinados por ley al mantenimiento de rutas que fueron colocados en inversiones financieras. «El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera«.
Desde la administración central, el vocero presidencial Adrián Ravier admitió que parte de los recursos con afectación específica son utilizados con otros fines presupuestarios. El funcionario reconoció que el ministro Luis Caputo dispone de esos fondos para sostener el «equilibrio fiscal». «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía», explicó Ravier.
? Fallo contra el Gobierno: la Justicia ordena la reparación urgente de las rutas 7, 8 y 33
— La Nación Más (@lanacionmas) August 11, 2026
La medida busca garantizar la transitabilidad y la seguridad vial en los tramos santafesinos.
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