El senador nacional por Formosa y jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó este lunes en la sede del Partido Justicialista el impacto de las modificaciones legislativas impulsadas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Tierras. Vinculó la presencia en el país de figuras como el empresario estadounidense Peter Thiel con intereses corporativos que buscan debilitar la estructura del Estado. Según Mayans, estas medidas responden a exigencias del FMI en un contexto de caída de la actividad industrial y el empleo.
La influencia de Peter Thiel y los intereses extranjeros
El senador cuestionó el propósito de las visitas de magnates tecnológicos al país y las vinculó con la desregulación económica. En ese sentido, interrogó: «¿Para qué cree que vino Peter Thiel acá? (…) Tenemos un presidente alienado, es la preocupación de muchas personas». Para el legislador formoseño, la visión de estos empresarios representa un riesgo para la concepción de la soberanía nacional.
A su parecer, figuras como Thiel promueven una mirada donde las instituciones públicas pierden relevancia frente al capital privado. Al respecto, señaló: «Fíjense ustedes el concepto que tiene Peter Thiel de la cuestión de Estado por ejemplo (…), es un concepto obsoleto». Mayans afirmó que esta ideología se traduce en leyes que permiten que las grandes corporaciones dispongan de recursos estratégicos, como las tierras raras y la minería, sin controles estatales.
Seguridad en fronteras y limitaciones a la expropiación
Mayans advirtió que la nueva regulación permitiría que incluso territorios en disputa o zonas sensibles sean adquiridos por privados. «Con esta ley de extranjerización puede venir una persona y comprar Malvinas». Asimismo, alertó sobre la falta de controles en las áreas limítrofes. Indicó que se está «habilitando primero al narcotráfico a no dar ninguna trazabilidad de los fondos que provienen para comprar las propiedades». Sostuvo que estas organizaciones compran territorios de la frontera seca para realizar sus operaciones.
Citó como ejemplo el caso de YPF. Afirmó que bajo el nuevo régimen legal propuesto, la recuperación de la compañía habría sido financieramente inviable. «Con esta ley no se podría expropiar YPF». En este marco, concluyó que las políticas actuales están dictadas por organismos externos: «El Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno lo que tiene que hacer».
