La Cámara Argentina Fintech reclamó este jueves al Banco Central la optimización en la entrega de datos de la Central de Deudores con el fin de mitigar los niveles de morosidad en el financiamiento familiar. La entidad empresaria, que agrupa a billeteras virtuales y bancos digitales, presentó un documento en Buenos Aires solicitando una reducción en el rezago de 60 días con el que opera el registro oficial de deudores, de manera que una actualización más ágil evite el sobreendeudamiento y disminuya los fraudes en el otorgamiento de créditos.
El planteo se formalizó en el marco de una controversia técnica entre las entidades bancarias tradicionales y las plataformas tecnológicas respecto del origen de las carteras en mora.
Propuestas de reforma y asimetría impositiva
La solicitud del sector tecnológico incluye la aceleración del Sistema de Finanzas Abiertas promovido por la autoridad monetaria, bajo el criterio de que los usuarios puedan compartir su información distribuida en diferentes organismos para mejorar la evaluación de riesgo y abaratar las tasas de interés. Asimismo, la cámara sectorial demandó una revisión de la carga impositiva aplicable a los proveedores de crédito y señaló que los tributos vigentes encarecen de forma directa el costo de financiamiento que afrontan los tomadores de préstamos.
Según los registros de la entidad, el crédito al sector privado en la Argentina se mantiene en torno al 13% del PBI, cifra coincidente con el promedio de las últimas dos décadas pero significativamente inferior al 53% reportado en América Latina y el Caribe. En este contexto de baja profundidad financiera, el sector fintech expandió su cartera de clientes de medio millón de personas antes de la pandemia a más de 10 millones en la actualidad, abarcando a 3,8 millones de usuarios que carecen de acceso a cuentas de crédito bancarias convencionales.
El debate por la distribución de la morosidad
La presentación de las fintech responde a las quejas emitidas por los bancos comerciales ante sus inversores respecto al impacto de la denominada «mora importada». De acuerdo con las regulaciones vigentes, específicamente la Comunicación “A” 7443 del BCRA, las entidades financieras están obligadas a degradar la calificación crediticia de un deudor si este registra un atraso equivalente al 40% o más de su pasivo total en cualquier otro actor del sistema.
Los bancos sostienen que esta normativa genera un «efecto arrastre» que los obliga a realizar previsiones contables e inmovilizar fondos por créditos que se encuentran al día con su propia institución. Sobre un sistema con 20,8 millones de personas con financiamiento formal (de las cuales 5,8 millones registran atrasos de más de 90 días), los bancos registran 2,45 millones de clientes morosos de una cartera de 14,3 millones de tomadores. En contraste, las fintech computan 2,41 millones de deudores en situación irregular sobre un total de 10,1 millones de usuarios.
