Ante el Decreto 690/2026 publicado por el Gobierno Nacional que desregula el servicio de practicaje, los gremios de trabajadores portuarios iniciaron el pasado sábado 1 de agosto una protesta que abarca a todos los puertos del país. Esta situación llevó decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
La protesta implica una metodología de lock-out realizada por prácticos, pilotos y baqueanos en todos los puertos desde los extremos sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. En este sentido, los principales afectados son el Río de la Plata y el Río Parana, las vías donde circula aproximadamente el 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina.
El Gobierno busca desregular el sector
La medida inició con la oficialización del 690/2026 en el Boletín Oficial; esta disposición elaborada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a «eliminar las barreras de entrada al sector para reducir sus costos operativos y permitir la contratación directa de servicios». El decreto además habilita a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.
Ante esta situación, la Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante emitió un comunicado calificando la reforma de «abusiva e inconstitucional», afirmado además que buscarían judicializar en los tribunales federales la medida a través de una Acción de Amparo y denunciar penalmente a los funcionarios firmantes. El sindicato sostuvo que la desregulación puso en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.
Prefectura Naval y el sindicato en la disputa
Debido al desabastecimiento operativo y las dificultades logísticas provocadas, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de «intimación perentoria» a los trabajadores para que reanuden la prestación del servicio y la actividad bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que tiene el practicaje.
Sin embargo, los profesionales ratificaron y sostuvieron la medida de fuerza, aunque fijaron excepciones estratégicas: continuarán prestando servicios a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.
