El diputado nacional del Partido Socialista Esteban Paulón cuestionó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el presidente Javier Milei envió al Congreso. El legislador sostuvo que la iniciativa utiliza la causa Malvinas para avanzar sobre distintas atribuciones del Estado y advirtió que podría representar un riesgo para la democracia.
Las críticas de Esteban Paulón al proyecto
“MILEI REY. Una causa noble y sentida utilizada para concentrar poder”, escribió Paulón en sus redes sociales al referirse al proyecto oficial. El diputado sostuvo que la iniciativa podría generar cambios en materia de seguridad, control estatal y funcionamiento institucional.
Según Paulón, detrás del llamado a la unidad nacional por la cuestión Malvinas, el Gobierno buscaría concentrar todo el poder en materia de seguridad pública; desdibujar el rol del Congreso; instalar un “estado generalizado de sospecha”; habilitar la “persecución y caza de brujas”; involucrar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior; y arrogarse competencias que corresponden al Poder Judicial.
El legislador también vinculó su advertencia con una discusión previa sobre la ley de lobby. “Ya intentado en redacción de la ley de lobby”, escribió al referirse a la posibilidad de persecución o sospecha sobre determinadas actividades. La iniciativa deberá ser analizada por el Congreso, donde se discutirán sus alcances y las modificaciones que puedan plantear los distintos bloques.
Qué establece el proyecto enviado al Congreso
El texto oficial lleva como referencia “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” y establece, en su primer artículo, que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio nacional argentino. Además, plantea como objetivo permanente e irrenunciable del Estado nacional realizar los esfuerzos necesarios para lograr la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
El segundo artículo establece que las actividades desarrolladas en esos territorios, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina deberán respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la legislación nacional y los reglamentos vigentes.
Por su parte, el tercer artículo comienza a establecer prohibiciones para personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, fideicomisos, patrimonios de afectación, contratos asociativos y otras figuras que desarrollen determinadas actividades vinculadas con los recursos y espacios alcanzados por la ley.
El proyecto forma parte de la agenda anunciada por el Gobierno nacional en relación con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Su tratamiento parlamentario permitirá debatir tanto sus objetivos como las atribuciones que pretende otorgar al Estado y los organismos involucrados.
