(BUENOS AIRES).- «El imputado adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento«, fundamentó el juez federal Daniel Rafecas al sumar como acusado al jerarca iraní Alí Asghar Hejazi y someterlo a juicio en ausencia por su presunta participación en el atentado a la AMIA. El ataque causó 85 muertes el 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.
Hejazi fue mano derecha y estrecho colaborador del líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero pasado en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. El ex funcionario tuvo a su cargo, entre otras instituciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
Según la acusación fiscal, la planificación, decisión y ejecución del atentado estuvo a cargo de agencias del régimen iraní ligadas a las oficinas de Jamenei. La decisión concreta se habría definido en Teherán, en el ámbito de un comité especial denominado Vijeh, encabezado por el Líder Supremo y «cuya dirección se hallaba a cargo de la mano derecha y principal representante de aquél; es decir, a cargo de Alí Asghar Hejazi«. Ese organismo estatal fue, según la investigación, donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para atentar contra la AMIA en Argentina.
El fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, sostuvo además que Hejazi viajó a la Ciudad de Buenos Aires en 1993, después del atentado a la Embajada de Israel, para «asegurarse la viabilidad de la operación proyectada y la fiabilidad de los agentes que habrían de intervenir en ella». Para el representante del Ministerio Público, el comité liderado por el ahora acusado «habría asumido los preparativos del atentado» y determinado «la fecha adecuada para su realización«.
La resolución de Rafecas hizo lugar a un pedido de Basso y repasó las medidas tomadas desde la imputación: el 10 de abril pasado Hejazi fue citado a declaración indagatoria, se ordenó su captura nacional e internacional y se pidió a Interpol la inscripción de la difusión roja. También se requirió formalmente a Irán la detención provisoria para una futura extradición, en base a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767, y en mayo se le notificó su declaración de rebeldía mediante exhortos. Ante esa serie de pasos, el juez advirtió que «resulta prácticamente imposible que una figura de tamaña relevancia para el régimen iraní no haya sido informada de los requerimientos dispuestos por quien suscribe», y remarcó que las conductas del acusado pueden ser consideradas «como constitutivas de los crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad».
Diez prófugos ya alcanzados por la figura
El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784, que el Congreso aprobó en febrero de 2025 para juzgar a personas acusadas de delitos graves que no estén en el territorio, entre ellos imputados por terrorismo. En la causa AMIA ya se dispuso esa medida contra diez prófugos iraníes y libaneses: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Varios de ellos integraban el comité Vijeh al momento del atentado, como Rezai, Vahidi, Fallahian y Velayati.
La Cámara Federal de Casación Penal debe definir aún la validez de este mecanismo en la causa, tras el apelo de la defensa; de habilitarse, sería el primero en la historia argentina. El mismo tribunal convocó para el 25 de noviembre una audiencia oral para revisar las condenas por el desvío de la investigación del atentado, entre ellas las del ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
