(BUENOS AIRES).- La Corte Suprema de Justicia resolvió que Edgardo Kueider siga siendo investigado en dos causas separadas por presuntos sobornos y un presunto enriquecimiento ilícito: una tramita en la Justicia Federal de San Isidro y la otra, en Entre Ríos. El máximo tribunal rechazó la inhibitoria pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado y dejó habilitada la continuidad de ambos expedientes.
La resolución fue firmada el 23 de septiembre de 2026 por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y remitida al Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia. La decisión se conoció públicamente el 25 de septiembre y ordenó que la Justicia Federal de San Isidro y la Justicia de Entre Ríos avancen en paralelo mientras se precisa el alcance de cada pesquisa. La Corte resolvió “de conformidad con lo dictaminado” por el procurador general interino Eduardo Casal.
Edgardo Kueider permanece detenido en Paraguay desde 2024, cuando fue arrestado junto a un acompañante en el puente internacional que une la Argentina con ese país con más de 200 mil dólares sin declarar. Allí fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y es investigado por lavado de dinero. Edgardo Kueider también enfrenta en la Argentina las dos investigaciones cuyo trámite separado acaba de confirmar la Corte.
Sobornos en San Isidro y patrimonio en Entre Ríos
La causa federal que tramita en San Isidro está a cargo de Sandra Arroyo Salgado e investiga sobornos que la empresa de seguridad privada Securitas habría pagado a distintos organismos públicos y privados, entre ellos ENERSA. Kueider integraba esa empresa estatal de Entre Ríos como representante de la provincia y tenía derecho a voto. El expediente también analiza posibles delitos conexos: cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.
El expediente provincial tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia e investiga si Kueider incrementó de manera apreciable y no justificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ejerció cargos públicos municipales y provinciales. La jueza federal había pedido que ese tribunal se abstuviera de investigar el tramo comprendido entre 2015 y 2019. Argumentó que podía existir conexidad con la causa Securitas y riesgo de una doble persecución penal.
El Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia rechazó el planteo y la Cámara de Apelaciones entrerriana confirmó esa decisión. El juez provincial Edwin Ives Bastian sostuvo que el enriquecimiento ilícito de un funcionario en cargos provinciales correspondía al fuero local y que el auto de mérito de la causa Securitas no describía con precisión la participación de Kueider. La Cámara precisó que la intervención federal atribuida al exsenador sería posterior a abril de 2019, mientras que la pesquisa local abarca el período iniciado en 1999.
Eduardo Casal recomendó rechazar la inhibitoria en su dictamen del 28 de mayo de 2026 porque consideró que la investigación estaba en una etapa inicial y no correspondía limitar el alcance del expediente provincial. El procurador sostuvo que “Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas” y planteó que “deberá establecerse si existe una triple identidad de hecho, persona y causa. Si esa coincidencia llegara a comprobarse, las partes tendrán las herramientas procesales correspondientes para plantear la cuestión”.
La Corte siguió ese criterio, rechazó el planteo de Arroyo Salgado y ordenó comunicar la decisión a Concordia: ambos juzgados podrán continuar sus pesquisas mientras se define si existe una coincidencia que active la discusión por doble juzgamiento.
