El bloque de senadores de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich, acordó este martes introducir dos modificaciones sustanciales al proyecto de ley del Súper RIGI, con el objetivo de destrabar la firma del dictamen de comisión este miércoles y habilitar su tratamiento en el recinto el próximo 10 de septiembre. La decisión se tomó tras conceder espacio a los reclamos de los bloques aliados del PRO, la UCR y representantes provinciales.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional, y Legislación General se reunirán este miércoles a las 13:00 en el Salón Azul del Senado para intentar sellar el despacho con las firmas necesarias. De no mediar inconvenientes logísticos, el oficialismo prevé contar con las 25 firmas requeridas. Estas modificaciones obligan a que la iniciativa retorne a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva debido a las reformas introducidas.
Autogeneración energética para centros de datos
El primer cambio incorporado al dictamen establece que las empresas que adhieran al régimen para instalar grandes centros de datos dedicados a la infraestructura tecnológica y la inteligencia artificial deberán construir y financiar sus propias subestaciones y sistemas de generación eléctrica. Esta exigencia responde a un reclamo directo de las provincias. Buscan mitigar el riesgo de que la alta demanda de estas instalaciones sature las redes de distribución existentes y afecte el abastecimiento energético de la población local.
El Ejecutivo había expresado reparos ante esta modificación por temor a que las exigencias de infraestructura adicional restaran atractivo al régimen y desalentaran la llegada de inversiones tecnológicas de gran escala. Sin embargo, la necesidad de asegurar las adhesiones legislativas y evitar tensiones con los gobernadores forzó la aceptación de la medida.
Restricción en el cupo de contratación local
El segundo cambio modifica el alcance de la obligación de contratar proveedores locales. El texto aprobado originalmente en la Cámara de Diputados fijaba que los proyectos de inversión debían comprometer un mínimo de contratación de locales equivalente al 20% del total de la inversión destinada a proveedores, siempre que existiera oferta disponible en condiciones de precio y calidad de mercado.
A partir de la propuesta de la UCR, el PRO y sectores industriales como la Unión Industrial Argentina (UIA), el texto del dictamen precisará que ese 20% se limite de manera exclusiva a bienes que hayan sido efectivamente producidos en la República Argentina.
