El Senado de la Nación aprobó y giró en revisión a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. La votación en general concluyó con 41 votos afirmativos y 25 negativos, tras un debate que evidenció divisiones transversales en los bloques políticos según los intereses productivos de cada provincia. La iniciativa declara de interés público la fabricación, comercialización y autoconsumo de estos insumos, fijando un régimen de transición de 15 años hasta 2036.
Detalles técnicos y esquema de cortes obligatorios
El texto aprobado establece un incremento escalonado en los porcentajes mínimos de mezcla obligatoria de biocombustibles con carburantes fósiles. Para el biodiesel en gasoil, se fija un piso inicial del 7,5%, que se elevará al 10% a los doce meses de la promulgación de la norma. En el caso del bioetanol para naftas, la cuota subirá del 12% actual al 15% en el mismo plazo, contemplando una distribución equitativa de seis puntos para el insumo de caña de azúcar, seis para el de maíz y los tres restantes abiertos a otras materias primas renovables.
A fin de regular el mercado, el proyecto diferencia entre empresas integradas —aquellas con capacidad superior a 50.000 toneladas anuales vinculadas a grupos aceiteros— y no integradas, que poseen una capacidad menor o igual a ese volumen. Durante la transición, las firmas no integradas mantendrán una cuota reservada de biodiesel que bajará progresivamente hasta fijarse en un piso del 4% hacia 2036.
Asimismo, la comercialización para abastecer los cortes se canalizará mediante subastas públicas en un Mercado Electrónico, sujetas a una cláusula antimonopolio que impide a una empresa o grupo económico adjudicarse más del 10% del biodiesel anual, con un techo absoluto de 50.000 toneladas por firma.
Posiciones contrapuestas en el recinto
Durante la sesión, la defensa del dictamen estuvo a cargo de la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería y autora de una de las iniciativas consideradas. Royón afirmó que «esto no es una reforma sino que es un nuevo marco regulatorio que intenta construir una política de largo plazo, una política que ha combinado previsibilidad y competencia, que fortalece las economías regionales y que habilita el agregado de valor de los granos en origen».
En contraposición, el senador Daniel Bensusán (PJ-La Pampa) cuestionó el impacto de la regulación sobre las pequeñas y medianas empresas del interior. Bensusán manifestó que «quienes acompañen esta ley tendrán que explicarle a los que pierdan sus fuentes de trabajo en La Pampa y en San Luis, porque con este dictamen en poco tiempo más empiezan a cerrar todas estas pymes que invertían y producían en las economías regionales del interior y va a quedar todo concentrado en el polo agroexportador de la provincia de Santa Fe».
