(BUENOS AIRES).- “La recuperación plena del archipiélago exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, afirmó la Oficina del Presidente. El Gobierno Nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería para defender la causa de las Islas Malvinas.
El Sistema de Articulación de la Política Exterior buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares. El comunicado oficial precisó que tendrá como objeto “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
La Cancillería podrá utilizar el nuevo mecanismo para monitorear actividades extranjeras ilegales y ordenar la respuesta de las distintas áreas del Estado. La Oficina del Presidente indicó que el sistema permitirá garantizar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas. El Gobierno Nacional sostuvo que el trabajo conjunto permitirá “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
El frente petrolero en las Islas Malvinas
La iniciativa se conoció después del anuncio oficial para profundizar las sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos en la zona de Malvinas. En paralelo, el Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales por esas actividades e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros.
Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio. Una de las ampliaciones tramita en la causa CFP 4437/2026, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, e incorpora a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited.
Las denuncias se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales. El artículo 7 prevé penas de cinco a diez años de prisión para la exploración no autorizada y de diez a quince años para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos; el artículo 8 contempla la eventual responsabilidad de directores, gerentes y representantes, mientras que el artículo 9 alcanza a las personas jurídicas.
De las 27 personas físicas individualizadas en los escritos penales, 16 no figuraban entre los 60 sujetos alcanzados por los procedimientos administrativos previos. La Justicia deberá determinar qué intervención concreta tuvo cada una en la planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, asesoramiento o supervisión de las actividades investigadas. El comunicado oficial cerró con la afirmación de que “El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”.
