(BUENOS AIRES).- «Las familias van a poder usar sus dólares, con libertad total para poder usarlos«, afirmó Patricia Bullrich durante el debate. Su frase sintetizó el espíritu de la Inocencia Fiscal II, la norma que el Senado de la Nación convirtió en ley esta tarde por 44 votos a favor y 23 en contra, en una jornada que marcó una victoria del Gobierno tras varias semanas de dificultades para reunir apoyo en la Cámara alta.
La sanción de la Inocencia Fiscal II llegó con el respaldo del bloque que conduce Bullrich (La Libertad Avanza), el PRO, la UCR y los aliados de Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas. Los 23 votos en contra correspondieron todos al bloque kirchnerista. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, había sido aprobado por Diputados a fines de agosto y vino a suplantar a la primera versión de la ley, sancionada apenas ocho meses atrás.
El jefe de la bancada peronista, José Mayans, encabezó el rechazo: «Esta ley no es para los trabajadores, ni para los jubilados«. «Esta es una ley de blanqueo, de lavado fiscal donde el Presidente prácticamente termina con el delito de evasión, a partir de acá no hay evasores«, sostuvo el formoseño, quien además acusó al oficialismo de apurar la sanción de la Inocencia Fiscal II para favorecer al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, que demora la presentación de su declaración jurada ante la Justicia que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Bullrich negó que el sistema beneficie a funcionarios y a los grandes contribuyentes, y lo describió como un «sistema inteligente que va a saber distinguir lo que es un fraude de lo que es un error mínimo o formal, una divergencia mínima en una declaración jurada«. «Ni el Presidente de la Nación ni ningún funcionario ni todos los que estamos en este recinto vamos a poder usar este mecanismo», insistió la senadora.
Qué cambia con la nueva ley
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado de Ganancias: con la legislación vigente quedaban afuera quienes hubieran facturado más de mil millones de pesos o tenido un patrimonio superior a diez mil millones en alguno de los últimos tres años. La norma también acota la intervención de ARCA, que solo podrá objetar declaraciones ante diferencias relevantes y debidamente fundadas, y establece que una discrepancia del 15% o más que no supere los cinco millones de pesos ya no se considerará significativa. Los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal rigen hasta el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial.
La exclusión de funcionarios públicos del régimen, incorporada en Diputados, alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública en los cinco años anteriores a la adhesión, e incluye secretarios de Estado, legisladores, magistrados, integrantes del Ministerio Público y autoridades de organismos de control. El peronista Fernando Salino propuso extender esa restricción a los familiares de los funcionarios, pero el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no aceptaba cambios y el proyecto se aprobó sin alteraciones.
El miembro informante de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, defendió la Inocencia Fiscal II con un dato de contexto: «Que haya 170.000 millones de dólares debajo del colchón es porque durante muchos años el Estado hizo las cosas mal y el contribuyente decidió sacar ese dinero del sistema formal«. En la misma sesión, el Senado aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra el traspaso de la justicia de menores y competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, mientras el recinto continuaba con el debate sobre biocombustibles, cuyo tratamiento seguía con dudas sobre la solidez de los votos; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó postergada por pedido de los bloques dialoguistas.
