El avance de la privatización de AySA volvió a generar cruces políticos luego de la apertura de los sobres licitatorios. En declaraciones radiales, la senadora bonaerense y ex titular de la empresa, Malena Galmarini, cuestionó el proceso y advirtió por las consecuencias que, según planteó, tendrá sobre los usuarios.
La dirigente sostuvo que el debate no debería centrarse solamente en el futuro de la compañía, sino en el papel que cumple el servicio de agua y saneamiento. “No defiendo una empresa, lo que defiendo es la política pública que está atrás de esa empresa”, afirmó Galmarini en diálogo con Radio 10.
Galmarini cuestionó las obras paralizadas
Una de las principales críticas de Galmarini fue la situación de las obras de AySA. La senadora provincial aseguró que durante su gestión se realizaron más de mil obras y sostuvo que actualmente numerosos proyectos de infraestructura permanecen paralizados.
“Frenaron todas las obras y eso significa menos trabajo para pymes y familias sin agua potable”, señaló la ex titular de la compañía. Además, afirmó que al finalizar su administración había 13 obras terminadas y funcionando, mientras que otras 457 habían sido licitadas.
Según Galmarini, esos proyectos quedaron detenidos tras el cambio de gestión. “Ninguna se terminó y las que había que comenzar se fueron para atrás”, sostuvo al describir el estado de las obras de saneamiento en distintos puntos del territorio bonaerense.
Agua potable y saneamiento, en el centro del debate
La senadora bonaerense también rechazó que AySA sea analizada únicamente desde una lógica empresarial. En ese sentido, destacó el alcance del servicio y sostuvo que la compañía tiene una función vinculada directamente con el acceso al agua potable y las cloacas.
“Para nosotros AySA es más que una empresa, es una empresa social que le cambia la vida a una familia”, afirmó Galmarini. La exfuncionaria remarcó que la red alcanza a unos 14 millones de habitantes distribuidos en 26 municipios.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la situación del personal y la capacidad operativa de la empresa. Galmarini habló de despidos, falta de insumos y demoras en la atención de reclamos domiciliarios.
“El agua potable y el saneamiento cloacal son servicios esenciales para ir a trabajar, estudiar y no contagiarte enfermedades”, sostuvo. De esta manera, vinculó el funcionamiento de AySA con cuestiones sanitarias y con las condiciones de vida de los habitantes del conurbano.
El reclamo de Galmarini al arco político
Frente al avance del proceso de privatización de AySA, Galmarini reclamó una mayor participación de los dirigentes de los municipios alcanzados por la prestación. La senadora apuntó especialmente a los intendentes de los 26 distritos, además del Gobierno bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
“Me encantaría escuchar por la importancia que tiene a los intendentes de los 26 municipios”, expresó durante la entrevista. Su planteo estuvo relacionado con el impacto que una eventual transferencia de la empresa podría tener sobre las obras, las tarifas y la expansión de las redes.
Galmarini también cuestionó los aumentos en las facturas y advirtió sobre el criterio que podría adoptar una empresa privada frente a la necesidad de ampliar el servicio. Según su planteo, la búsqueda de rentabilidad podría entrar en tensión con la extensión de infraestructura hacia zonas que todavía no cuentan con cobertura.
“Debería estar todo el arco político trabajando en que esto no suceda”, concluyó la senadora, al reclamar una postura conjunta frente al proceso de privatización. La discusión sobre el futuro de AySA quedó así instalada entre las principales cuestiones políticas y de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires.
