(BUENOS AIRES).- «Los rectores advierten sobre la vulneración del principio de la autonomía universitaria, y consideran que la propuesta de 11 billones es insuficiente. Además, reclaman por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que está vigente y anticipan una fuerte conflictividad» , denunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apenas se conocieron los números del Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei giró al Congreso al filo del cierre del martes, un proyecto que profundiza el desfinanciamiento sobre la ciencia, las universidades nacionales y la discapacidad.
El texto del Presupuesto 2027, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, fija en 202,10 billones de pesos el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Esa cifra representa 26,7% menos en términos reales que lo ejecutado en 2023, el último presupuesto del gobierno de Alberto Fernández.
En materia científica, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i recibirán partidas para acompañar la inflación prevista del 18% para 2027. Si ese escenario no se cumple, volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales, cuando todavía no recuperaron la pérdida del 35% de sus ingresos acumulada desde diciembre de 2023. La función Ciencia y Tecnología, en conjunto, retrocede 37,9% contra 2023 y el CONICET está 43,7% por debajo de hace cuatro años en las partidas que financian becas y carrera de investigador.
El panorama es peor para el INTA y el INTI, que en 2027 sufrirán quitas nominales de 12,4% y 5,2% de sus recursos, respectivamente. Ambos institutos acumulan desde 2024 un fuerte desfinanciamiento y una pérdida masiva de personal: en el INTA el recorte real acumulado supera el 43%, mientras que en el INTI roza el 49%.
Universidades: la cifra en disputa
El proyecto destina 7,34 billones de pesos al funcionamiento de las universidades nacionales, según el artículo 12, un tercio menos de los más de 11 billones que reclamó el CIN, la entidad que agrupa a los rectores de todo el país. Además del recorte, el Capítulo II introduce una cláusula que obliga a las casas de estudio a detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias si no cumplen. La función Educación, en su conjunto, cae 44% contra 2023 y sube apenas 2,9% contra el presupuesto vigente.
La discapacidad también queda entre las áreas golpeadas por el Presupuesto 2027. La canasta de programas del sector, encabezada por las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que hoy dependen de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras la disolución de la ANDIS a fin de 2025, cae 24,4% contra 2023 y el programa de pensiones por invalidez retrocede 25,3%. Los artículos 36 a 41 del proyecto, además, endurecen los requisitos de acceso, en particular la incompatibilidad con tener un empleo formal.
El proyecto empezará a debatirse el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde lo defenderán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Un dato condiciona esa discusión: los recursos totales que calcula la ley caen 9,7% en términos reales contra 2026, porque desaparece el giro de utilidades del Banco Central al Tesoro, que este año aportó 24,42 billones de pesos y que en 2027 queda en cero.
