(BUENOS AIRES).- “Ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre”, sostuvo el fiscal Guillermo Marijuán. La Justicia Federal procesó este martes 29 de septiembre a Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem, y a los exinterventores de OSPRERA, Virginia Montero y Marcelo Petroni, además de María Casandra Mirabelli.
El juez federal Sebastián Casanello atribuyó a los cuatro procesados los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y Mirabelli quedaron alcanzados como “partícipes necesarios” y no como autores, mientras que Montero y Petroni fueron procesados en calidad de exinterventores. El magistrado impuso a cada uno un embargo de $1.463.896.868. Martín Menem compartió con Aguirre la firma TR Nutrition SRL, fundada en 2018.
La contratación bajo investigación
La causa se concentra en una contratación directa de la intervención de OSPRERA a Htech Innovation, una empresa constituida en abril de 2024 por Aguirre. La firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de comenzar a trabajar para la obra social, según la investigación. Sus servicios incluían consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software.
La investigación determinó que Htech Innovation obtuvo ganancias ilícitas por $247.836.858,63 a través del contrato con OSPRERA. El primer cheque fue emitido el 12 de noviembre de 2024 y el último, el 11 de julio de 2025. Virginia Montero, la primera interventora, firmó el acuerdo, y Marcelo Petroni lo renovó y amplió después de asumir como su sucesor.
María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, era socia y presidenta de Htech Innovation. Al mismo tiempo, trabajaba como secretaria privada de Petroni y daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado. Marijuán sostuvo: “ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.
OSPRERA permanece intervenida por el Gobierno desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE. En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas obtenidas de ese aparato, además de dejar sin efecto los embargos anteriores.
Los investigadores detectaron también que los socios de Htech compraron dos vehículos de alta gama durante el período analizado. Casanello detalló: “El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”. En sus declaraciones, Montero justificó la contratación y Aguirre negó haber participado en el proceso que derivó en el acuerdo con su empresa. Petroni suspendió el contrato y ordenó auditorías después de que se conocieran las irregularidades. La causa general continúa a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
