(BUENOS AIRES).- “No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello”, cuestionó Pablo Juliano. La Cámara de Diputados avanzó este martes 29 de septiembre con el tratamiento de proyectos para contener la morosidad familiar: La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron el dictamen de mayoría con 32 firmas, frente a las 27 de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
El plenario conjunto reunió a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Los dos representantes de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, suscribieron un tercer dictamen de minoría. La mayoría oficialista responde a la integración de las comisiones y no anticipa el resultado del debate en el recinto, donde la oposición confía en revertir la tendencia.
El proyecto oficialista se denomina “ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores”. La iniciativa fue articulada por Silvana Giudici y Santiago Pauli, y pone el foco en brindar información detallada antes de asumir nuevos compromisos. También incorpora la precancelación de deudas, la trazabilidad de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo en bancos y plataformas, pero no establece tasas máximas ni planes de refinanciación para deudores críticos.
Pablo Juliano cuestionó ese enfoque y sostuvo: “No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”. El diputado de Provincias Unidas agregó: “No queríamos que cualquier persona que esté endeudada entre en el régimen, por eso ponemos el tope de las canastas”, en referencia al límite previsto para acceder a la propuesta opositora.
La oposición presenta sus iniciativas
La iniciativa de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se denomina “ley de regularización y alivio financiero”. Declara una emergencia por 180 días y propone una refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2, actualmente 3.200.000 pesos.
La cuota no podría superar el 30% de los ingresos, y el trámite debería iniciarse ante el acreedor; si no acepta, intervendría el Banco Central. El proyecto también establece límites al costo financiero total, elimina el 100% de los intereses punitorios y mantiene el pago del capital y de los intereses compensatorios.
La propuesta opositora contempla además capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera, junto con facultades para que Defensa del Consumidor exija información sobre los algoritmos utilizados por las billeteras digitales para definir las condiciones crediticias.
Argentina Federal presentó una alternativa distinta mediante el “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal”, que permitiría unificar deudas en una sola operación, con cuotas a una tasa fija máxima del 35%, para beneficiarios cuyos ingresos no superen diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También impediría a las emisoras de tarjetas y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual superior a 1,5 veces la aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas.
Nicolás Ferro, director del Banco Central, expuso ante las comisiones que “la mora nunca va a ser cero en un país que crece y tiene crédito” y aclaró: “La mora viene con el crédito. Si es cero, es porque no hay crédito”. Según informó, el saldo total de préstamos alcanza 165 billones de pesos, con una mora del 12,5% en el sistema bancario y del 31,5% en las plataformas financieras digitales. La discusión sobre la morosidad continuará cuando los dictámenes lleguen al recinto.
