El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las críticas al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno al Congreso. El funcionario aseguró que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión, sino establecer herramientas frente a operaciones coordinadas desde el exterior.
Durante una entrevista, Quirno sostuvo que el proyecto apunta contra campañas de desinformación vinculadas con Estados u organizaciones extranjeras. “Esto no tiene nada que ver con la restricción a la libertad de expresión, esto tiene que ver con campañas de desinformación masivas originadas por un Estado u organismo extranjero”, afirmó.
?? El canciller Pablo Quirno sobre las declaraciones de Lonigro respecto a la Ley de Defensa:
— Nation (@Titanfdc) September 18, 2026
“Esto no tiene que ver con restringir la libertad de expresión. Tiene que ver con campañas de desinformación masivas originadas por estados u organismos extranjeros. El cambio en la… pic.twitter.com/eypMnkcTEb
Quirno explicó el alcance del proyecto
El canciller defendió la incorporación de nuevas herramientas legales frente a las amenazas que, según el Gobierno, pueden afectar la seguridad nacional. La iniciativa fue presentada oficialmente como un mecanismo para proteger los derechos soberanos argentinos y contempla sanciones contra quienes exploten recursos naturales de manera considerada ilegítima.
En ese marco, Quirno comparó la propuesta con regulaciones existentes en otros países. “Países como Estados Unidos, el propio Reino Unido, Australia, Singapur y Canadá” cuentan, según explicó, con normas destinadas a enfrentar determinadas operaciones de injerencia extranjera.
El funcionario insistió en que el objetivo no es castigar opiniones individuales. Según su interpretación, la figura apunta a acciones coordinadas que busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante operaciones originadas en el exterior.
Las críticas por la libertad de expresión
El capítulo sobre desinformación generó cuestionamientos entre especialistas y organizaciones periodísticas. FOPEA advirtió que el artículo 225 bis propuesto para el Código Penal podría afectar el ejercicio del periodismo y la crítica política si sus alcances no son precisados durante el debate legislativo.
El constitucionalista Félix Lonigro también planteó reparos sobre la redacción de la figura penal. “Reprimir campañas de ‘desinformación’ es muy peligroso, porque es un concepto muy amplio que podría afectar o condicionar la libertad de expresión”, sostuvo.
El debate se concentra así en cómo diferenciar una operación coordinada de injerencia extranjera de una opinión, una investigación periodística o una información que genere discusión o que otros consideren incorrecta. La discusión continuará ahora en el Congreso, donde los legisladores analizarán el alcance concreto de las nuevas figuras penales.
Malvinas y las herramientas de defensa nacional
El proyecto del Gobierno busca la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además de las disposiciones vinculadas con información y amenazas externas, contempla sanciones para quienes exploten recursos naturales en condiciones consideradas ilegítimas por el Estado argentino.
La iniciativa llega al Congreso en medio de la ofensiva diplomática de Argentina contra las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas. En septiembre, la Cancillería había anunciado una denuncia penal contra empresas a las que atribuyó participación en proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte.
Mientras el Gobierno sostiene que necesita ampliar sus herramientas para defender la soberanía y enfrentar eventuales operaciones extranjeras, el debate parlamentario estará marcado también por el alcance de las nuevas figuras penales. En particular, los legisladores deberán discutir cómo compatibilizar esas medidas con las garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión.
