(BUENOS AIRES).- El Senado emitió dictamen este jueves 3 de septiembre para reformar el régimen vigente y elevar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. El dictamen fue consensuado entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, y tomó como base el proyecto de Patricia Bullrich.
El texto unifica siete iniciativas presentadas por Patricia Bullrich, Beatriz Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Jorge Capitanich. El acuerdo incorporó modificaciones vinculadas con la participación de las pymes y los límites a la concentración del mercado.
Los nuevos cortes y la transición para las pymes
El bioetanol mantendrá durante un año el corte obligatorio del 12% y luego pasará al 15%. Dentro de ese porcentaje, se reservará un 6% para el producto elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz. El 3% restante quedará abierto a la competencia, mientras que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen comercializado anualmente para ese corte.
El biodiésel conservará inicialmente el corte obligatorio del 7,5% en el gasoil y el diésel oil. A los doce meses de la sanción de la ley, el porcentaje subirá al 10%. El esquema dividirá a las compañías entre integradas, que pueden participar de toda la cadena productiva, y no integradas, una categoría que incluye a las pymes regionales.
Las empresas no integradas tendrán reservado el 6,5% del mercado cuando el corte total llegue al 10%, mientras que el 3,5% restante quedará abierto a ambos segmentos. Esa participación protegida bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y a 3 puntos porcentuales desde el 1° de enero de 2031 hasta fines de 2035. Desde 2036 terminará la transición, y ninguna compañía podrá concentrar más del 10% del cupo destinado a las no integradas. Las pymes productoras de biodiésel tienen presencia principalmente en San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos. Martelli sostuvo que la reducción progresiva de la participación reservada puede provocar el cierre de plantas regionales y cuestionó que el proyecto no incluya criterios de regionalidad para distribuir los cupos.
Beatriz Ávila defendió el acuerdo alcanzado entre los bloques y planteó que la reforma permitirá reemplazar un marco regulatorio que consideró agotado. La senadora señaló que “se establecieron exenciones impositivas para el sector, hemos podido dar previsibilidad con 15 años, declararlo de interés público, incorporar que las provincias puedan aumentar el cupo”. Esos cambios fueron presentados como una respuesta a los reclamos de las provincias azucareras y productoras de biocombustibles.
Fernando Salino anticipó que presentará un dictamen de minoría por considerar que el texto no contempla el reclamo de las pymes industriales. El senador peronista sostuvo que “Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, aunque también indicó que acompañará cualquier iniciativa que eleve los cortes. El proyecto será llevado a una sesión del Senado durante septiembre y todavía puede recibir modificaciones en el recinto.
