(BUENOS AIRES).- “Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos”, explicaron desde el oficialismo. El Senado de la Nación suspendió la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles 9 de septiembre y no sesionará este jueves 10 para tratar la reforma de la ley de biocombustibles, una decisión que volvió a exponer las dificultades de La Libertad Avanza para imponer su agenda legislativa.
La suspensión se produjo antes de que los jefes de bloque pudieran definir formalmente el temario. Ante la falta de voluntades suficientes para aprobar el proyecto, Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, dejó sin efecto una sesión que el oficialismo buscaba concretar junto con algunos bloques dialoguistas. La iniciativa había obtenido dictamen en comisiones la semana pasada.
La reforma de la ley de biocombustibles divide a los bloques por intereses productivos y provinciales. Las provincias azucareras respaldan la ampliación del corte de bioetanol, mientras que Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires reclaman cambios en el capítulo del biodiésel por el impacto que tendría sobre las pequeñas y medianas empresas del sector.
Una ley diseñada para los azucareros
El proyecto propone elevar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas. El nuevo porcentaje se distribuiría entre un 6% para el bioetanol de caña, otro 6% para el de maíz y un 3% sujeto a competencia. También plantea llevar gradualmente del 5% al 10% el corte de biodiésel en el gasoil y fija límites a la concentración empresarial.
La iniciativa establece, además, que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado de bioetanol. Para el biodiésel, contempla segmentos para compañías integradas y no integradas, con un cupo del 5% del mercado para estas últimas y un límite de participación del 10% por empresa.
Las diferencias sobre el biodiésel explican parte de la demora en el tratamiento. Las empresas no integradas en una cadena productiva, muchas de ellas pymes que dependen del cupo obligatorio, cuestionan que el texto las obligue a comprar materia prima a compañías aceiteras integradas sin garantizarles una participación del mercado. Ese reclamo reunió a senadores de distintos bloques y complicó el cálculo oficialista.
Patricia Bullrich había acordado avanzar con la reforma junto con Flavia Royón, Carolina Moisés y Beatriz Ávila, representantes de Salta, Jujuy y Tucumán. Sin embargo, el entendimiento entre las provincias productoras de azúcar no alcanzó para asegurar la aprobación. La discusión también dejó en alerta a legisladores como Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, María Victoria Huala y Bartolomé Abdala, cuyos votos eran considerados necesarios.
La postergación también dejó pendientes otros asuntos de la agenda del Senado. Los acuerdos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por el traspaso del fuero penal juvenil quedaron para una próxima sesión, al igual que los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero contencioso administrativo. La nueva convocatoria podría realizarse el jueves 17 de septiembre, aunque todavía no quedó formalizada.
