Pastoral Social, Endepa y Cáritas volvieron a expresar su preocupación por la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales 26.737. Los organismos de la Iglesia católica cuestionaron las consecuencias del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema y reclamaron la intervención de los poderes del Estado.
La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata para iniciar la demanda y aclaró que no resolvió la constitucionalidad de fondo de la norma.
El reclamo de la Iglesia por las tierras rurales
En un comunicado conjunto, los organismos religiosos señalaron que la decisión judicial vuelve a plantear la discusión sobre el acceso de extranjeros a tierras rurales y reiteraron un pedido realizado meses atrás. “Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupación ante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, expresaron.
A partir de ese planteo, Pastoral Social, Endepa y Cáritas apelaron a la responsabilidad de legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de la Justicia. El objetivo, según señalaron, es que las autoridades velen por “la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación”, vinculando esa protección con el bienestar de la población.
Los organismos retomaron además los argumentos de una carta difundida en junio, en la que cuestionaron el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. En ese documento habían advertido que eliminar las restricciones para la compra de tierras por extranjeros podía afectar la soberanía, los alimentos y otros bienes naturales.
La preocupación también alcanza a zonas vinculadas con reservas de agua y otros recursos. “La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, sostuvieron, y remarcaron que de ella provienen alimentos, agua, semillas y distintas formas de vida.
Tierra, comunidades y acceso a la vivienda
En el comunicado, las entidades también destacaron la relación entre la tierra y las comunidades rurales, campesinas e indígenas. Según plantearon, el territorio representa identidad, cultura, memoria y futuro, además de sostener formas de trabajo y modos de vida transmitidos entre generaciones.
Otro de los puntos fue el acceso a la vivienda, en ese contexto expresaron que “es importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para las familias”. Este sentido, reclamaron un marco jurídico para los alquileres que contemple tanto a propietarios como a inquilinos.
Finalmente, la Pastoral Social, Endepa y Cáritas pidieron que quienes participen de los debates vinculados con la propiedad de la tierra orienten sus decisiones hacia el bien común. “Guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”, señalaron.
Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberaníaComunicado de Pastoral Social, Endepa y Cáritas ? https://t.co/ukHHB3MCEW
— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 5, 2026
El planteo vuelve a instalar la discusión sobre el régimen de tierras rurales luego de que la Corte dejara vigente, en este caso concreto, la derogación de la Ley 26.737. El tribunal aclaró posteriormente que la controversia de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154 todavía no fue resuelta y que otros reclamos judiciales pueden ser presentados.
