El nuevo Código Procesal Penal se implementará en Salta y Jujuy a partir del 10 de junio

El nuevo Código Procesal Penal que fue promulgado el pasado 8 de febrero de 2019, se implementará a partir del 10 de junio en las provincias de Salta y Jujuy. Así, en estas jurisdicciones se llevarán adelante las primeras pruebas con un sistema penal acusatorio en la Justicia Federal.

Así, en el nuevo sistema uno de los principales cambios dentro del ámbito judicial es que ya no se usará el sistema de investigación mixto en el que el juez de instrucción tiene a su cargo la investigación, con ciertas potestades al fiscal. En la nueva forma que plantea la normativa se utilizará un método más adversarial, con la pesquisa a cargo del Ministerio Público Fiscal, del otro lado la defensa, y el juez como tercero imparcial que controla más el proceso.

De este modo, según diariojudicial.com, en relación al nuevo Código viene a introducir cambios en el proceso penal. En este aspecto, la Procuración General de la Nación oficializó mediante la Resolución 35/19, la cual pone en marcha esta nueva normativa, diseñó el modelo de Fiscalía de Distrito, Unidad Fiscal y Unidad Descentralizada.

“El diseño expuesto procura establecer las funciones y deberes esenciales que cada dependencia dentro de su ámbito de competencia deberá contener para investigar e impulsar la acción penal, como así también, para lograr una eficiente coordinación con las procuradurías, unidades y demás secciones de esta Procuración General de la Nación que prestarán colaboración con aquellas”, manifiesta el texto oficial, refrendado por el procurador Eduardo Casal.

En este sentido, según manifiesta la medida, las fiscalías de distrito tendrán entre sus funciones las de coordinar y organizar las unidades fiscales; conformar equipos temporales para investigaciones genéricas o complejas; organizar administrativamente la distribución de casos entre las unidades fiscales y sus sedes descentralizadas; como así también designar al Fiscal Revisor.

En tanto, la norma establece que será necesario el trato con la Procuración General de la Nación, “con las estructuras que de ella dependan y con otros Fiscales Coordinadores de Distrito”, como así también con otras instituciones. En cuanto a esto, también se prevé la coordinación con organismos nacionales con sede en la jurisdicción, en particular con las Fuerzas de Seguridad y autoridades provinciales y municipales.

“Entre lo más significativo se destaca la coordinación y organización de las unidades fiscales, la conformación de equipos temporales para investigaciones genéricas o complejas, la distribución administrativa de casos entre las unidades fiscales y sus sedes descentralizadas, y la designación del Fiscal Revisor”, indica la resolución.

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