Luego de logar un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Alberto Fernández comenzó a trabajar en aumentos en las tarifas de luz y gas aunque realmente se habló de quita de subsidios, lo que representaría un gasto mayor para la sociedad argentina. A pesar de esto, el Estado dio el primer paso y avanza para encarecer los servicios manteniendo las ayudas momentáneamente.
El próximo jueves desde las 8 de la mañana se realizará una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) para que las empresas Edesur y Edenor expongan sus posiciones al respecto así como también empresas de transporte de energía como Transba, Distritocuyo, Transpa, Transco, Transea y Transnoa entre otras tal y como difundió NA.
La idea es que allí se exponga el Régimen de Transición Tarifaria 2022 propuesto por las dos empresas más grandes del país en el área. Según informó oficialmente el Gobierno nacional al comienzo del año, la idea es incrementar las tarifas de electricidad un 20% a lo largo de todo el año, una suba que podría darse en un 50% ahora y la mitad restante en el comienzo del segundo semestre.
Otra de las opciones es que las proyecciones de Alberto Fernández sean fallidas y aumenten más que un 20% aunque no se habló de eso todavía. En paralelo, el acuerdo con el FMI exige bajar el gasto en subsidios y estos montos no permitirían lograrlo durante este año, por lo que se tratan de dos cuestiones por separado: primero aumenta el servicio y luego le quitan la ayuda estatal.
La recomposición transitoria se dará bajo la idea de sostener «la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales«- Sin embargo, esto no ocurrió con los repetitivos cortes durante diciembre y enero en AMBA.
Subsidios y recortes: el plan del Gobierno para satisfacer al FMI
El año pasado los subsidios en Argentina demandaron un total de USD 11.000 millones y el Gobierno puso en marcha un plan para reducir esta cifra tal y como lo piden desde el organismo internacional. La estrategia es ir haciendo una segmentación geográfica entre los barrios de la Ciudad de Buenos y el Norte del Gran Buenos Aires para que quienes puedan, abonen sus servicios con menos subsidios.
Si bien todavía esto no se definió exactamente como será, la sociedad reclama que se tome cada caso particular y no simplemente viviendas de la zona porque muchos trabajadores de clase media o baja se verían afectados. Esto se resolvería recién en marzo, cuando el acuerdo con el FMI ingrese al Congreso de la Nación y sea debatido y votado.
