El Comité Interinstitucional de Santa Cruz decidió continuar el paro y dar un plazo de 72 horas al gobierno de Luis Arce para la liberación de los enfrentamientos con los que reclamó un adelantamiento en la fecha de realización de un censo. Una manifestación que fue considerada como un intento de golpe de Estado por las autoridades de Bolivia y condenada por organismos internacionales.
La próspera región de Santa Cruz inició un enfrentamiento con el gobierno central, exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial, informó Télam.
El gobierno de Arce acaba de confirmar que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello. También anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que incluyó cortes de rutas, incendios, numerosas pérdidas económicas para el país y la muerte de entre tres y cuatro personas, según distintos balances.
En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, fustigó al Gobierno y alentó a sus afines a recargar energías, pues «la lucha no ha terminado». Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó a la institucionalidad cruceña a «avanzar» y abandonar las medidas de presión.
Parada señaló que, con la entrada en vigor del decreto supremo 4824, que establece la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año, ya no son necesarias las medidas de presión que afectaron por 23 días «al sector más vulnerable de la población».
