(BUENOS AIRES).- “Son intentos de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo que se autogobierna”, dijo Uma Kumaran. El Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para tratar el pedido de arbitraje internacional presentado por la Argentina por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La convocatoria se conoció el miércoles 30 de septiembre, después del planteo de Javier Milei en la ONU para reanudar las negociaciones por la soberanía y del inicio de la vía jurídica contra Londres.
Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Reino Unido, confirmó la convocatoria mediante un comunicado difundido en redes sociales. La funcionaria sostuvo que el reclamo argentino “No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales”. También afirmó: “Ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.
La convocatoria se realizó el lunes y Plaza asistió el martes. La embajadora había pedido instrucciones a la Cancillería antes de presentarse, pero el canciller Pablo Quirno no le respondió. Kumaran fue quien comunicó públicamente el contenido del intercambio y la posición británica frente al arbitraje.
La vía arbitral por el proyecto petrolero
Javier Milei decidió el lunes iniciar el arbitraje contra el Reino Unido al invocar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La estrategia oficial sostiene que el procedimiento no busca resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino cuestionar las autorizaciones británicas para explorar y explotar recursos naturales en espacios marítimos que la Argentina reivindica.
La presentación se realiza mediante el mecanismo previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR y apunta al proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la empresa israelí Navitas Petroleum y vinculado también a Rockhopper Exploration. La Argentina intimó al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas en la zona.
El Gobierno argentino anticipó que, si Londres no cumple con la intimación, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar “las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”. El plazo corre desde el lunes 28 de septiembre y la presentación argentina no implica una orden internacional que suspenda automáticamente el proyecto.
El Reino Unido respondió que los intentos argentinos de impedir el desarrollo petrolero constituyen “un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el derecho internacional”. Kumaran también sostuvo que las islas “son británicas, siempre defenderemos los derechos de los isleños a la autodeterminación”. El Gobierno británico remitió su comunicado como la posición oficial frente al planteo argentino.
La Cancillería argentina envió cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, inició unos 60 procedimientos administrativos y presentó al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras de capitales británicos, israelíes y canadienses. En la ONU, Milei había instado al Reino Unido a “reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”. La Argentina también invocó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General, mientras que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration prevén extraer crudo del proyecto Sea Lion a partir de 2028.
