(BUENOS AIRES).- «La posición del Reino Unido es clara: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado«. La frase pertenece a Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, y sintetiza la respuesta del Gobierno británico a las sanciones que la Argentina impulsó contra empresas e individuos que operan en el archipiélago. Londres calificó esas medidas de «inaceptables» y «sin justificación legal«.
El comunicado, difundido en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, ratificó el respaldo a las compañías que prestan bienes y servicios en las islas, en especial en el sector de hidrocarburos. «El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo», señaló Kumaran. La funcionaria agregó que no es la primera vez que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra quienes mantienen vínculos comerciales con las Malvinas y afirmó que, pese a esos antecedentes, «la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando».
La respuesta británica llegó después de que la Argentina intensificara en las últimas semanas su ofensiva contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, de manera directa o indirecta. En ese marco, la administración de Javier Milei impulsó un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina y presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por las perforaciones en el yacimiento Sea Lion.
Ese emprendimiento offshore, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es liderado por Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el porcentaje restante. Ambas compañías sostienen que operan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.
Desde la Cancillería argentina informaron que enviaron cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países, e iniciaron 60 procedimientos administrativos. El Gobierno Nacional se apoya en las leyes 26.659 y 26.915, que establecen sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
El cruce por el derecho internacional
Londres también cuestionó el uso de mecanismos internacionales contra quienes hacen negocios con las islas. «El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Malvinas es ilegítimo«, sostuvo el comunicado. Además, el Gobierno británico afirmó que existen «enormes oportunidades» para las empresas que quieran operar allí y anticipó: «Trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos».
El pronunciamiento se suma a una guía publicada el 15 de septiembre, en la que Londres sostuvo que respalda las actividades económicas en las islas y que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación a empresas vinculadas con el archipiélago. Días después, la Cancillería rechazó ese documento y anunció una profundización de las medidas. La Argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional, y que el desarrollo de estos proyectos petroleros contradice una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras persista la disputa de soberanía. Buenos Aires rechaza además aplicar el principio de autodeterminación a la población del archipiélago, al considerar que fue establecida por Gran Bretaña tras la ocupación de 1833.
