Un juzgado supremo de Perú evaluará este miércoles el pedido de la fiscalía de imponer una prisión preventiva por 18 meses para el destituido expresidente Pedro Castillo, informó el Poder Judicial, en medio de protestas por su destitución que han dejado seis muertos.
El juez César San Martín decidió el martes por la noche «declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado». Los abogados defensores piden su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado, informó Télam.
El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga. Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso. El mandatario de izquierda permanece detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, al este de Lima.
Castillo fue destituido en un juicio político la semana pasada y arrestado luego de intentar disolver el Congreso de la nación andina. Su detención inicial terminará en las próximas horas y los fiscales ahora buscan pasarlo de la detención preliminar al arresto preventivo, publicó Reuters.
Protestas en Perú
Las fuerzas armadas de Perú tomarán el control y protección de la infraestructura clave como aeropuertos e hidroeléctricas, explicó el martes el Gobierno. Aún se realizan protestas que han dejado seis muertos, con bloqueos de carreteras, ataques a la policía e incendios de sedes públicas y privadas.
Los manifestantes pidieron el cierre del Congreso, elecciones inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de Dina Boluarte. La mandataria asumió el poder luego de la destitución de Castillo debido a su intento de disolver el parlamento dominado por la oposición, quebrando el orden constitucional.
La crisis en Perú no dio señales de acabar, incluso después de que la presidenta Boluarte dijo que buscará «acortar» los plazos previstos de adelantar las elecciones generales, planteada inicialmente para abril del 2024. La mandataria, que fue la vicepresidenta de Castillo, debería completar el actual mandato hasta julio del 2026.
Legisladores de izquierda, que apoyan las protestas y piden la liberación de Castillo, han rechazado las alegaciones del Gobierno de que habría «infiltrados» en las protestas. «Dina Boluarte y el Congreso Golpista le han declarado la guerra al pueblo reprimiéndolo, negándose a cumplir con los reclamos de nuevas elecciones inmediatas y el #ReferéndumConstituyente», expresó el legislador Jaime Quito.
