El Ministerio Público de Perú solicitó a la Justicia que ordene extender a 36 meses la prisión preventiva impuesta, por otra causa, al expresidente Pedro Castillo, destituido hace tres meses por el Congreso. «Lo pidió una de las fiscalías especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos, en una causa en la que investiga también a dos exministros», informó el Ministerio Público.
«El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias», explicó el organismo. La fiscalía sostiene que Castillo dirigía una red de concesión irregular de contratos de obras públicas y de lavado de activos integrada por familiares y colaboradores políticos.
El pedido de prisión preventiva alcanza también a los exministros de Transporte y Comunicaciones y de Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado. La solicitud se produjo después de que el Congreso autorizara a la fiscalía a actuar penalmente contra el expresidente y los exministros.
Castillo está preso en un penal en Lima desde el 7 de diciembre, día en que el Congreso lo destituyó horas después de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Por ese motivo se le impuso prisión preventiva por 18 meses mientras se lo investiga por el delito de rebelión. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con la remoción de Castillo «se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia». Por su parte, Silva está en condición de prófugo de la justicia desde el año pasado.
