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Israel: el Parlamento comienza a votar la polémica ley judicial

El proyecto de ley limita los poderes del Tribunal Supremo para anular las decisiones tomadas por gobiernos y ministros.

Este lunes, el Parlamento de Israel inició la votación final sobre los controvertidos cambios en el poder judicial propuestos por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Las conversaciones continuaban hasta última hora para aliviar una de las peores crisis políticas del país.

El presidente Isaac Herzog calificó la situación de «emergencia nacional». También seguía intentando llegar a un compromiso sobre los planes judiciales del gobierno, que han provocado protestas sin precedentes en todo el país, según una persona conocedora de la situación.

La policía utilizó un cañón de agua para dispersar a los manifestantes opuestos a los planes de la coalición nacionalista-religiosa de Netanyahu. Los agentes arrastraron a los manifestantes que se habían encadenado a postes y bloqueado la carretera frente al Parlamento.

Las posibilidades de alcanzar un compromiso parecían escasas cuando los legisladores comenzaron a votar. «No se pueden alcanzar acuerdos que salvaguarden la democracia de Israel con este gobierno», expresó el líder opositor, Yair Lapid, replicó Reuters.

Los bancos y las empresas se unieron a la protesta y aumentó la presión sobre el premier. Netanyahu fue dado de alta del hospital este lunes tras una estancia de dos noches en la que se le colocó un marcapasos. Sus socios de coalición de línea dura presionan para que la legislación siga adelante con más cambios judiciales.

La crisis se ha extendido al ejército: los líderes de las protestas han declarado que miles de reservistas voluntarios no se presentarán a filas si el gobierno sigue adelante con los planes, y antiguos altos mandos advirtieron de que la preparación bélica de Israel podría estar en peligro.

No obstante, la coalición de Netanyahu, que goza de una cómoda mayoría en el Parlamento, parecía dispuesta a ganar la votación sobre el proyecto de ley que limita los poderes del Tribunal Supremo para anular las decisiones tomadas por gobiernos y ministros.

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