Una causa de estafas masivas y lavado de dinero que involucra a políticos, empresarios y altas personalidades de la sociedad, está cerca de cerrarse, logrando la impunidad de quienes se quedaron con el dinero de los ahorristas. Se trata de un conocido caso sucedido en Mar del Plata, con la casa de cambio Jonestur, el cual está siendo juzgado en Andorra, y que ha dejado unas 12 mil víctimas.
Jonestur, en Mar del Plata, era una de las casas de cambio más famosas de la ciudad. Y apareció involucrada en casos de lavado de dinero renombrados como el Lava Jato brasileño, el dinero hallado perteneciente a Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, o dirigentes venezolanos vinculados al chavismo, fugados del país a través del Banco Privado de Andorra.
La investigación internacional al respecto provocó que el banco se cierre y queden incautados los fondos que entre otras, Jonestur había reunido, provenientes de miles de ahorristas marplatenses (se calcula, unos 12 mil afectados de manera indirecta). El estudio del doctor Pedro César Bove ha presentado cuatro querellas desde Argentina, en una causa que se tramita en la justicia andorrana, definida como muy hermética y poco transparente para estas investigaciones.
En frente, en la defensa, que además de la casa de cambio marplatense reúne a bancos y otras financieras internacionales, está la sombra del polémico exjuex Baltazar Garzón, quien a través de su buffet de abogados ha negociado con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. El cual está cerca de lograrse, dejando una sensación de impunidad hacia las víctimas.
Lavado de dinero y organización ilícita
«Nunca se vio algo así en la historia del Derecho Penal. Esta gente reconoció ante la Justicia haber sacado el dinero de la Argentina, lo cual implica el delito de contrabando de exportación de dinero, agravada por ser una organización ilícita. Ese dinero cuando ingresa a Andorra, también, al ser de origen ilícito, conforma el delito de lavado de dinero, que en Andorra es gravísimo», plantea el doctor Bove en diálogo exclusivo con El Intransigente.
«El problema grave es que están llegando a un acuerdo no con la jueza sino con el fiscal, y los procesados reconocieron que el dinero con el que armaron holdings en Panamá no era de ellos, sino que pertenecía a los ahorristas. Ahora para llegar al acuerdo, dicen que están en estado de pobreza y ofrecen pagar la multa, pero paradójicamente con el dinero de las propias víctimas», continúa el letrado.
«Es una aberración jurídica brutal. Podemos poner un ejemplo, uno de los robos más famosos del tiempo reciente en Argentina, el del Banco Río de San Isidro. Esto es como si Vitete, el que reconoció haber formado parte de la banda y liderado la acción, para poder salir de Uruguay donde estaba preso, ofreciera entregar como caución lo que le robó a la gente en Argentina», añade Bove.
«Un daño inimaginable»
El abogado plantea que la masa de damnificados solo en las causas vinculadas a ahorristas marplatenses es de 80 millones de dólares. «El estado de pobreza que ellos alegan es una falsedad que nadie cree en la ciudad. Han causado un daño inimaginable a gente que por ejemplo tenía el dinero para una operación programada, y al momento de querer retirarle, le decían que solo contaban con 100 dólares», cuenta.
Por el momento, la situación se encuentra en un compás de espera aguardando por la resolución final de la jueza a cargo de la causa, en Andorra, Stepanie García. Mientras tanto, dos abogadas andorranas buscan frenar desde el lado de los querellantes el acuerdo final, en una de las causas más renombradas para Mar del Plata de los últimos años.
