El Gobierno nacional decidió acelerar a fondo en la batalla judicial por la reforma laboral contra la CGT. La Procuración del Tesoro presentó un recurso de per saltum (salto de instancia) para que la Corte Suprema de Justicia intervenga de inmediato en el conflicto.
Esta medida busca revertir la suspensión de más de 80 artículos de la Ley 27.802. Estos puntos habían sido frenados por un juez del fuero laboral tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Un salto directo a la Corte para evitar demoras
La estrategia del Ejecutivo, liderada por el procurador Sebastián Amerio, busca que el máximo tribunal resuelva la constitucionalidad de la reforma sin pasar por las instancias intermedias. Según el escrito oficial, se trata de una medida extraordinaria para una situación de extrema urgencia política.
El Gobierno solicitó que el recurso se conceda con efectos suspensivos, lo que significaría devolverle la vigencia a toda la ley mientras se discute el fondo del asunto. Para los abogados del Estado, la demora judicial genera daños difíciles de reparar en la economía nacional.
?#AHORA | El Gobierno presentó un per saltum para que intervenga directamente la Corte Suprema en la causa que suspendió parte de la reforma laboral pic.twitter.com/CZy6rJ6iCJ
— Dataclave (@Dataclave) April 16, 2026
Duras críticas a la competencia del juez laboral
En la presentación, el Gobierno lanzó un ataque directo contra el juez Raúl Horacio Ojeda, quien dictó la cautelar a favor de la CGT. El Ejecutivo sostiene que el magistrado actuó sin competencia, ya que este tipo de conflictos contra el Estado deben tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Además, el recurso extraordinario denuncia que la sentencia de primera instancia fue «arbitraria» y se basó en afirmaciones dogmáticas. El Estado también denunció irregularidades en el proceso, como notificaciones incompletas y dificultades para acceder al expediente de la causa.
El cuestionamiento a la «chapa» de la CGT
Uno de los puntos más picantes del recurso es el cuestionamiento a la legitimación de la CGT para frenar la ley. El Gobierno afirma que la central obrera impugnó artículos de forma general, sin identificar un solo acto concreto que haya perjudicado a un trabajador determinado.
Para la Procuración del Tesoro, la mera vigencia de la ley no genera un daño actual que justifique frenar una norma del Congreso. El escrito sostiene que la CGT no puede representar a todos los trabajadores del país sin demostrar una afectación real y específica en este caso puntual.
Lo que está en juego: desde indemnizaciones hasta huelgas
Si la Corte Suprema acepta el per saltum, deberá decidir sobre puntos sensibles que hoy están en el limbo judicial. Entre ellos se encuentran los cambios en las indemnizaciones por despido, las nuevas modalidades de contratación y el sistema de banco de horas.
También está bajo la lupa la regulación del derecho a huelga en servicios esenciales y los límites a los aportes sindicales. El Gobierno confía en que el máximo tribunal pondrá fin a la suspensión de la ley, argumentando que el freno judicial viola el principio de división de poderes.
