La Confederación General del Trabajo (CGT) salió a respaldar al juez laboral Raúl Ojeda y rechazó la denuncia presentada en su contra por el Gobierno nacional, tras la cautelar que suspendió parte de la reforma laboral. «Criminalizar un fallo judicial por su contenido sienta un precedente peligroso: convierte la discrepancia jurídica en motivo de sanción y condiciona futuras decisiones», advirtió la central obrera en un comunicado.
La CGT planteó que el cuestionamiento al magistrado implica un avance sobre la independencia judicial con consecuencias institucionales graves. «La justicia es independiente o es una farsa«, afirmó la central en el texto, en el que también exigió que la denuncia presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos sea rechazada «de plano».
El comunicado fue contundente al señalar los límites que el Gobierno no debería cruzar. «Aun cuando las resoluciones resulten incómodas para los gobiernos de turno, disciplinar, perseguir y amedrentar a quienes las firman no solo implica un avance sobre poderes independientes, sino que erosiona gravemente el Estado de Derecho», subrayó la central. El texto cerró con una definición sobre el rol del Poder Judicial: «Defender la institucionalidad también es defender la autonomía del Poder Judicial. Sin independencia judicial, no hay democracia posible».
La medida del juez Ojeda
La cautelar que motivó la controversia fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 y suspendió provisoriamente cerca de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Entre los puntos frenados se encuentran disposiciones que modificaban las condiciones de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las huelgas y los límites a las medidas de acción directa, así como cambios en el régimen de indemnizaciones.
La suspensión de esos artículos fue celebrada por la CGT y otros sindicatos como un primer respaldo de la Justicia a su postura de que la ley vulnera derechos consagrados en la Constitución y en convenios internacionales de trabajo.
La postura del Gobierno
El Ejecutivo respondió con dureza a la resolución judicial y cuestionó públicamente la actuación del juez Ojeda. Desde el Gobierno sostuvieron que la cautelar carece de sustento jurídico y que fue dictada de manera apresurada, sin el análisis exhaustivo que una medida de esa magnitud requiere. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la reforma, fue uno de los funcionarios que más activamente salió a defender la ley y a cuestionar la decisión judicial, argumentando que los cambios introducidos son necesarios para modernizar el mercado laboral y atraer inversiones.
El Gobierno también respaldó la denuncia presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos contra el magistrado y anunció que apelará la cautelar con carácter de urgencia.
?? LA JUSTICIA ES INDEPENDIENTE O ES UNA FARSA
— CGT (@cgtoficialok) April 22, 2026
Rechazamos de plano la denuncia presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos contra el juez de Trabajo Raúl Horacio Ojeda quien, atendiendo el reclamo presentado por la CGT, dictó una medida cautelar que puso en suspenso… pic.twitter.com/rFqTAZhdg9
