La Iglesia católica profundizó su distancia con el Gobierno nacional al cuestionar duramente el rumbo de las políticas sociales y el recorte de fondos clave para los sectores más necesitados. En un acto cargado de simbolismo político, los obispos advirtieron que la falta de presencia estatal está dejando el terreno libre para el avance del narcotráfico.
El reclamo central de la Iglesia apunta a la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), oficializada a través del decreto 312/2025. Este fondo era fundamental para financiar redes de agua potable, cloacas y electricidad en los barrios populares del país.
La advertencia por la «narcoesperanza»
Durante una misa en La Matanza, encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, la Iglesia alertó sobre las consecuencias del ajuste. El obispo de San Justo, Eduardo García, fue tajante: “Hay lugares donde se siente el dolor por la falta de presencia estatal y el crecimiento del narcotráfico”.
Para los referentes religiosos, el vacío que deja el Estado al paralizar las obras de urbanización es llenado por redes delictivas. “Queremos que nuestros chicos crezcan con esperanza real, no en una ‘narcoesperanza’ que termina destruyendo sus vidas”, sentenció García ante una multitud en Ciudad Papa Francisco.
El fin del FISU y la respuesta del Gobierno
El Gobierno de Javier Milei justificó la eliminación del FISU basándose en las facultades otorgadas por la Ley Bases. Según el Ejecutivo, la medida busca reducir el «sobredimensionamiento del Estado» y combatir el déficit fiscal. Además, mencionaron auditorías que detectaron irregularidades, como la compra desordenada de computadoras portátiles.
Sin embargo, desde la Iglesia recordaron que este fondo fue creado por ley y contaba con el respaldo del papa Francisco. Colombo retomó una frase del pontífice para pedir unidad frente a la exclusión. “Estamos todos en el mismo barco y tenemos que salir juntos, también de la pobreza”, esbozó.
Un conflicto social en aumento
La tensión entre la Iglesia y el oficialismo crece a medida que se paralizan los proyectos de integración urbana. Mientras el Gobierno nacional asegura que las provincias deben tener más autonomía, los obispos insisten en que el Estado nacional no puede abandonar su rol de contención en las villas y asentamientos.
Este nuevo cruce se suma a una serie de críticas eclesiásticas por el desfinanciamiento de áreas sensibles. La Iglesia dejó claro que no se resignará ante la crisis y que seguirá reclamando por los derechos de los que menos tienen en un contexto de alta inflación y recesión.
