La Justicia dio un paso decisivo en la causa que investigaba a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto espionaje en la Casa Rosada. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la desestimación de la denuncia presentada por la Casa Militar.
La resolución considera que el informe periodístico grabado con «lentes inteligentes» no constituyó un delito penal. «Vengo mediante el presente dictamen a solicitarle que proceda a desestimar la denuncia y archivar estas actuaciones», consideró Pollicita.
Inexistencia de secretos oficiales en las imágenes
Tras analizar el material y el programa emitido por TN, la fiscalía determinó que lo revelado no tiene el carácter de secreto político o militar. Según los argumentos de Pollicita, las grabaciones mostraron pasillos y espacios generales del edificio que ya son de acceso público a través de herramientas como Google Maps o la propia web oficial de la Casa Rosada.
En su dictamen, el fiscal señaló que “la modalidad clandestina empleada» y «contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato”. Además, destacó que las imágenes captaron “únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público”. Y aclararon que no se registrarán sistemas de vigilancia, movimientos presidenciales o cronogramas de reuniones reservadas.
El valor de la libertad de expresión frente a la seguridad
El fiscal dedicó una parte central de su escrito a la importancia de la libertad de prensa como garantía estructural de la democracia. Sostuvo que el «secreto» típico de un delito debe ser algo “que se mantiene oculto, reservado, escondido o ignorado por el público en general”, condición que no se cumplió en este caso.
Pollicita argumentó que la labor periodística permitió mostrar internas de gestión que son de interés público. Y aseguró que esto no implica una “revelación de secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad”. Para el fiscal, criminalizar esta actividad informativa sin una lesión concreta a la seguridad nacional afectaría de manera indebida el debate público.
Sanciones administrativas y el principio de «última ratio»
Si bien la Justicia desestimó la vía penal, el dictamen reconoce que el periodista Ignacio Salerno ya recibió sanciones en el ámbito administrativo, como la baja de su huella biométrica y la eliminación de la lista de acreditados para acceder a la Casa Rosada. Estas medidas se basaron en la Resolución 1319/2025, que prohíbe registrar imágenes en espacios no autorizados.
Sin embargo, el fiscal remarcó que el Derecho Penal debe ser considerado solo como el último recurso, interviniendo únicamente cuando otras vías de protección no han sido suficientes. Al haberse aplicado ya sanciones administrativas por el incumplimiento de las normas de ingreso, Pollicita concluyó que “los hechos denunciados no configuran ilícito alguno” y solicitó el archivo de las actuaciones.
