El Gobierno nacional confirmó este lunes que, tras la marcha universitaria, convocará a las casas de estudio para avanzar en una mesa de diálogo. El objetivo central de esta instancia será discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos que el Estado destina al sistema universitario.
La intención de la Casa Rosada es abrir una instancia de conversaciones directas con los rectores para revisar el funcionamiento de las instituciones. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo planea enfocarse especialmente en los hospitales universitarios. La idea es rediseñar el esquema de distribución de las partidas que reciben estos centros de salud.
El Gobierno criticó a las universidades
En la previa de la marcha, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó duras críticas contra la gestión de las casas de estudio. A través de redes, el funcionario advirtió que Argentina registra una de las tasas de egreso universitario más bajas de la región. Además, cuestionó el costo que representa la formación de graduados en algunas instituciones. Como ejemplo, señaló que en la Universidad de Artes cada egresado le cuesta al Estado unos $400 millones, muy por encima del promedio nacional.
Además, Álvarez acusó a la UBA de querer acaparar el 95% de los fondos de refuerzo para hospitales y de negarse a ser auditada por la SIGEN. Según sus datos, la institución adeuda la mitad de las rendiciones de gastos de salud de los últimos dos años. Finalmente, criticó que las universidades no cobren a los estudiantes extranjeros, una posibilidad habilitada por el Gobierno que las autoridades rechazarían por «cuestiones ideológicas».
Desde el Ministerio de Capital Humano buscamos la transparencia y la eficiencia en el financiamiento de las universidades nacionales.
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 12, 2026
Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las… pic.twitter.com/4Ad91Vwr1x
Auditorías obligatorias y transparencia en los fondos
Un punto clave de la postura oficial es la decisión de auditar el uso de los fondos públicos en las universidades. El Gobierno defiende la necesidad de «transparentar» el sistema de financiamiento y sostiene que cualquier incremento de partidas debe estar acompañado de mecanismos estrictos de rendición de cuentas.
Desde el Ministerio de Capital Humano, se anunció el lanzamiento de un micrositio con datos estadísticos reales para que los ciudadanos tengan acceso fácil a la información sobre el gasto universitario.
Un conflicto marcado por la inflación y los salarios
La convocatoria se produce luego de que docentes y estudiantes reclamaran una actualización del presupuesto frente al impacto de la inflación. Los sectores universitarios denuncian dificultades extremas para sostener el normal funcionamiento de las facultades, la investigación y los salarios.
En este contexto de tensión, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cruzó al Gobierno, acusando a los funcionarios de «mentir sin vergüenza» sobre los datos educativos. Según Yacobitti, el presupuesto universitario se redujo a la mitad en dos años y el 80% de los profesores cobra salarios bajísimos. Mientras tanto, el oficialismo insiste en que las universidades tienen la posibilidad de cobrar a estudiantes extranjeros para generar recursos propios y han decidido no hacerlo por cuestiones ideológicas.
