El juez federal Ariel Lijo abrió un nuevo episodio en la investigación por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó el peritaje de las grabaciones de audio del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, que dieron inicio a la causa. En el material, Spagnuolo mencionaría una supuesta red de retornos del 3% en las compras de medicamentos de alto costo que involucraría a altos funcionarios del Gobierno Nacional.
La postura de la defensa: los audios son falsos
A través del proceso, la Justicia buscará determinar si la voz de los audios corresponde efectivamente al ex funcionario y si los archivos presentan signos de edición, manipulación o forjado a través de inteligencia artificial. La medida se produce por la postura que sostienen los acusados: que los audios son apócrifos.
La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, afirma que las grabaciones de audio fueron alteradas o montadas, lo que daría pie a un intento de impugnación de su validez legal y se podría solicitar la nulidad de la causa. D’Alessandro citó un informe privado realizado en España que estima un 65% de probabilidades de que los audios hayan sufrido manipulación a través de herramientas de inteligencia artificial.
La Justicia busca avanzar sobre los audios
A pesar de estos planteos, las autoridades judiciales recordaron que la causa incluye otras pruebas documentales e informáticas. Debido a esto, Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y se dictó un embargo por 202.000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público Fiscal, la ANDIS formaba parte de una estructura cartelizada donde sus ahora ex funcionarios direccionaban licitaciones públicas para la compra de medicamentos. A su vez, la pesquisa detectó sobreprecios con montos millonarios en remedios complejos e insumos ortopédicos básicos.
Para el proceso, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas pertenecientes a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Por su parte, el consultor técnico presentó un pliego con diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales.
