La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una ofensiva judicial contra el Gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento de la ANSES. El secretario general, Rodolfo Aguiar, anunció este lunes la presentación de una demanda ante la Justicia Federal para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Laboral N° 27.802 y el Decreto 408/2026.
El conflicto central radica en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), también conocido como «fondo de cese». Según la denuncia de ATE, esta medida desvía fondos de la seguridad social para que las empresas financien los despidos de sus empleados. “Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, advirtió Aguiar.
El impacto económico: una pérdida millonaria para el ANSES
El gremio estatal sostiene que el nuevo sistema permitirá a los empleadores descontar de sus contribuciones previsionales el mismo monto que aporten al FAL. En la práctica, el esquema plantea que las indemnizaciones por despido ya no sean abonadas por las empresas, sino mediante un fondo especial. Según la denuncia, ese mecanismo se financiaría con recursos que actualmente deberían destinarse al sistema previsional.
Esta maniobra generaría un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, estimado en no menos de 3.000 millones de dólares anuales. Según los cálculos técnicos presentados en la demanda, si el aporte al FAL alcanza su tope del 3%, el sistema previsional perderá el 16,5% de sus ingresos totales, agravando una situación donde los haberes actuales ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Una demanda colectiva en defensa de la Constitución
La acción judicial de ATE no se limita a sus afiliados, sino que se presentó como un reclamo colectivo para proteger a todos los jubilados, pensionados y trabajadores que aportan al sistema estatal (SIPA). El sindicato solicitó, además, una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados mientras se define el fondo del juicio.
Desde el punto de vista legal, el sindicato argumenta que la ley es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual garantiza la protección de los trabajadores y la movilidad de las jubilaciones. También señalan que se están incumpliendo tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado argentino a proteger específicamente a las personas mayores.
Tensión política y el futuro de los jubilados
Para Rodolfo Aguiar, el avance del programa económico de Milei ha convertido a los jubilados en los sectores más afectados. El dirigente fue tajante al señalar que “la Justicia debe intervenir y defender los intereses de los jubilados” para evitar que el sistema previsional termine de quebrar.
URGENTE!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 15, 2026
DEMANDAMOS EN LA JUSTICIA AL GOBIERNO POR USAR LOS FONDOS JUBILATORIOS PARA PAGAR DESPIDOS A TRAVÉS DEL FAL
Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde. Presentamos una demanda ante la Justicia Federal para declarar… pic.twitter.com/ifZducVcMw
Con esta demanda, ATE busca marcar un límite a la reforma laboral sancionada el pasado 1 de junio, denunciando que el Gobierno intenta «limpiar» los costos de las empresas utilizando los ahorros de toda una vida de los trabajadores argentinos.
