La Legislatura de la provincia de La Rioja aprobó por mayoría un proyecto de ley impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que reafirma los derechos territoriales de dicha jurisdicción sobre zonas actualmente administradas por la provincia de San Juan. Marcelo Orrego, el gobernador sanjuanino, defendió el derecho sobre el territorio: «Nuestra jurisdicción no está en discusión. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley».
El conflicto se reactivó ante el creciente valor estratégico de la zona por el proyecto de extracción de cobre Vicuña. El proyecto ingresó al RIGI esta semana. Orrego ratificó la plena vigencia de los límites fijados por la ley nacional. Asimismo, se opuso al proyecto de ley impulsado por Quintela que busca desconocer los límites vigentes desde 1968 y faculta a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones legales.
Contexto legal y antecedentes históricos de la disputa
El origen de la controversia se remonta al decreto-ley nacional 18.004 de diciembre de 1968. Este fue sancionado durante la gestión de Juan Carlos Onganía y fijó los límites definitivos entre ambas provincias. Desde la perspectiva del gobierno de La Rioja, este instrumento representó un «despojo» de tierras que históricamente le pertenecían. Este argumento ya había sido sostenido en 1973 cuando la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de dicha norma federal.
La nueva ley provincial aprobada recientemente establece la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial en el ámbito legislativo. Su función principal será sistematizar los antecedentes históricos y coordinar acciones con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación para defender la soberanía territorial reclamada.
Durante el debate parlamentario, el bloque de La Libertad Avanza optó por la abstención. Mientras, el peronismo oficialista fundamentó la norma en la necesidad de corregir una modificación de límites realizada de manera unilateral por una dictadura militar sin intervención del Congreso.
Recursos estratégicos y la posición de San Juan
La reactivación del reclamo coincide con el auge de la zona cordillerana como un polo de desarrollo cuprífero de relevancia internacional. El conflicto tuvo un punto álgido en abril, cuando la Justicia riojana suspendió operaciones y cerró caminos de acceso al proyecto Vicuña, alegando la falta de estudios de impacto ambiental presentados ante su jurisdicción. Además de la minería, La Rioja ha puesto en duda la pertenencia de zonas turísticas y científicas clave, como el Parque Provincial Ischigualasto.
San Juan apela a la vigencia de la ley 18.004 y al respaldo legislativo nacional obtenido en revisiones posteriores, como la ocurrida en el año 2014. Orrego sostuvo que una norma de carácter provincial no tiene la facultad jurídica para alterar límites fijados por una ley nacional. Además, recordó que la propia Constitución Nacional establece que tales modificaciones deben ser tratadas en el Congreso Nacional y, eventualmente, en la Justicia.
