La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue generando repercusiones en Córdoba. En medio de los cuestionamientos de la oposición por los vínculos laborales de Claudio Barrelier con la Municipalidad, el intendente Daniel Passerini reconoció errores en los controles internos y aseguró que el Estado municipal debe asumir responsabilidades.
“Hay que admitir y reconocer que el sistema de controles y la Municipalidad falló, y soy el máximo responsable de la Municipalidad y obviamente me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, afirmó Passerini en declaraciones a El Doce. El intendente remarcó además que no intentará minimizar lo sucedido: “No voy a tapar algo que ocurrió y es muy grave”.
“La falla de control tiene un responsable”
El jefe comunal confirmó que, tras el caso, solicitó renuncias dentro de su estructura de gobierno y avanzó con iniciativas para modificar los mecanismos de supervisión. “He pedido la renuncia de funcionarios y funcionarias”, sostuvo, al tiempo que explicó que también impulsó un proyecto de ordenanza para reforzar los controles sobre empleados municipales.
Passerini insistió en que la responsabilidad política recae sobre su gestión. “Acá hay una falla de control y el responsable soy yo. No podemos convivir con situaciones que vienen de años”, expresó. Sus declaraciones llegaron luego de que distintos sectores opositores cuestionaran la permanencia de Barrelier dentro de la administración municipal.
Nuevas medidas y críticas a gestiones anteriores
El intendente defendió las medidas adoptadas durante su gestión para depurar la planta estatal y recordó que ya se produjeron numerosas cesantías. “Nosotros exoneramos a 119 empleados municipales, de los cuales 91 ingresaron entre 2003 y 2007, en la administración de Luis Juez”, afirmó. Además, mencionó denuncias históricas sobre irregularidades en el ingreso de personal, incluyendo la presunta utilización de antecedentes penales falsificados.
Como respuesta a esta situación, Passerini anunció cambios en los requisitos de control. “Los certificados de antecedentes, en vez de ser cada cuatro años, serán cada seis meses”, explicó. También confirmó que busca implementar la obligatoriedad de narcotests para empleados y funcionarios. “La sociedad nos demanda que se terminen los privilegios y las cuestiones inexplicables. Acá se tienen que terminar los privilegios y lo voy a hacer cumplir”, concluyó.
