El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, presentaron los detalles del nuevo proyecto de «Ley de Inocencia Fiscal II» que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. La iniciativa busca «perfeccionar» el régimen ya aprobado para brindar mayor «seguridad jurídica» a los ciudadanos y fomentar que los ahorros fuera del sistema financiero, estimados en US$ 170.000 millones, se vuelquen a la economía formal.
Durante la conferencia, Caputo fue enfático sobre el costo de mantener el dinero oculto: «Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio». El funcionario explicó que, debido a la inflación en Estados Unidos, el poder de compra de esa moneda disminuye con el tiempo. «Si alguno guardó 100.000 dólares hace 20 años y los hubiera tenido rindiendo un 6% anual, hoy tendría 320.000», ejemplificó para incentivar la bancarización.
El objetivo central es que la gente que se vio forzada a la informalidad por restricciones pasadas pueda regularizarse «sin ninguna penalidad de ningún tipo».
Las cuatro modificaciones que presentó María Ibarzabal
La secretaria Legal y Técnica fue la encargada de detallar los cambios técnicos que buscan generar confianza a los contribuyentes. Primero explicó que el proyecto suprime los requisitos de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen simplificado. «El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país sin distinción de patrimonios ni ingresos». Después, dijo que se introduce un límite nominal para que el fisco no pueda romper la «presunción de exactitud» de lo declarado por diferencias de hasta $5 millones.
Ibarzabal resaltó el derecho a la rectificación. A diferencia de la normativa actual, donde una discrepancia significativa implicaba la pérdida automática de beneficios, el nuevo proyecto permite corregir errores. «El contribuyente ahora podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia más los intereses en un plazo de hasta 15 días hábiles» sin ser expulsado del régimen. También anunció que si un contribuyente paga un ajuste y luego la justicia le da la razón frente a ARCA, el Estado está obligado a «reintegrar los aportes pagados con intereses en un plazo no mayor a 45 días hábiles».
El camino hacia la baja de impuestos y la reactivación
El equipo económico insistió en que estas medidas no constituyen un blanqueo tradicional, sino un régimen simplificado de declaraciones. Caputo explicó: «Si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, eso nos permite bajar más rápidamente los impuestos».
Además, se recordó que la posibilidad de utilizar los dólares del colchón bajo este marco de beneficios estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Para el Gobierno, la reactivación económica depende de que ese ahorro se transforme en crédito y empleo. Con estas reformas, los funcionarios sostienen que se busca que el contribuyente sienta que, por primera vez, el Estado lo presume inocente y no un objeto de investigación constante.
