El bloque de La Libertad Avanza (LLA) y los sectores dialoguistas en el Senado enfrentan un desafío clave este jueves al mediodía. El oficialismo trata de conseguir los votos para darle tratamiento al proyecto de propiedad privada, que busca liberar la venta de tierras a extranjeros, y aprobar una serie de pliegos judiciales. Sin embargo, la apertura del debate está en duda debido a las dificultades para alcanzar el quórum necesario.
La principal traba para los libertarios es reunir las 37 voluntades necesarias en medio de las vacaciones de invierno en varias provincias del interior. El Gobierno no había previsto que el receso comenzara este lunes, por lo que algunos legisladores ya se encuentran de licencia en sus distritos, lo que complica el número justo que el oficialismo necesita para abrir el recinto.
¿Qué propone el proyecto de propiedad privada?
El proyecto de propiedad privada que fue elaborado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegó al Senado con varios cambios respecto de su versión inicial. El oficialismo busca aprobar una iniciativa que modifica el régimen de compra de tierras y agiliza los desalojos de inmuebles usurpados.
Uno de los puntos centrales elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, las provincias conservarán la potestad de autorizar cada operación dentro de sus jurisdicciones. Además, Estados extranjeros y empresas con participación estatal no podrán adquirir tierras, salvo que obtengan el aval del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente.
El proyecto también mantiene un régimen especial para las zonas de frontera. En esos casos, cualquier operación deberá contar con la aprobación del Gobierno nacional, la provincia involucrada y el Congreso, al tratarse de áreas consideradas estratégicas.
Otro de los cambios relevantes incorpora un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados. Si el propietario presenta la documentación que acredita la titularidad, un juez podrá ordenar la restitución del inmueble en un plazo máximo de 72 horas.
La urgencia por los pliegos judiciales
Además del debate sobre la tierra, el Gobierno pretende aprobar la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino. El juez cumple 75 años el próximo 27 de julio, y si el Senado no avala su continuidad antes de esa fecha, su prórroga corre riesgo de frustrarse.
Pesino es una figura relevante, ya que rechazó medidas cautelares de la CGT contra la reforma laboral, y ya ha presentado un amparo para intentar seguir en su cargo independientemente de lo que ocurra en el Congreso.
A pesar de las dudas por las ausencias, en la Casa Rosada mantienen el optimismo y confían en que lograrán sentar a los senadores suficientes para avanzar con una agenda que también incluye la designación de otros 36 cargos judiciales para cubrir vacantes en todo el país.
