Un grupo de abogados encabezado por José Magioncalda y Juan Martín Fazio presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por su viaje a Brasil, donde participó de un acto político opositor. La presentación lo acusa de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que utilizó recursos estatales con fines ajenos a la función presidencial.
Los fundamentos de la denuncia contra Milei
En el escrito, los letrados sostienen que la presentación “se motiva en la utilización del avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público para realizar un viaje a la República Federativa de Brasil”, donde, según afirman, el mandatario “participó de un acto partidario opositor, interfiriendo en la política interna de dicho país y vulnerando gravemente el principio internacional de no injerencia”.
Los denunciantes remarcan que, durante ese viaje, Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino”, además de “agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial de dicho país”. En ese sentido, recuerdan que el Presidente calificó al juez Alexandre de Moraes como “basura calva” y se refirió al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como “presidiario”.
Los delitos que invocan y los pedidos a la Justicia
La denuncia sostiene que “este accionar desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”. Además, afirma que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política”, lo que, según el texto, “provocó además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”.
En el plano jurídico, los abogados consideran que los hechos “encuadran prima facie en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal Argentino”. También sostienen que el Presidente podría haber incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, al entender que la conducta denunciada implicaría una vulneración del principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y otros instrumentos internacionales ratificados por la Argentina.
En el petitorio, los denunciantes solicitaron que se tenga por formalizada la denuncia, que la causa sea remitida al Ministerio Público Fiscal y que se requiera información a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Casa Militar de la Presidencia sobre “el detalle de los gastos, planillas de viáticos, listado de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial”. Finalmente, pidieron que, “oportunamente, sustanciada la prueba de cargo, se cite al denunciado a prestar declaración indagatoria”.
