Tras varios días de conflicto, el Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje para destrabar el paro de actividades que afectaba a todos los puertos del país, afectando gravemente el comercio exterior. Desde la gestión de Javier Milei resolvieron suspender el Decreto 690/2026, que desregulaba la actividad de prácticos de navegación, y convocó a una mesa de trabajo conjunta con los sindicatos para debatir los aspectos normativos y operativos del sector.
El Decreto 690/2026, publicado en el Boletín Oficial el 31 de julio, desregulaba el reglamento vigente para la actividad desde 1991. Al escrito lo presentó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y eximía a las embarcaciones con capitanes extranjeros con experiencia de contratar prácticos, al tiempo que ampliaba las dimensiones de los barcos para los que era obligatorio requerir asistencia, eliminaba el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y habilitaba a Prefectura a prestar el servicio.
Los gremios lograron bloquear el decreto
Esta medida recibió un gran rechazo por parte de los trabajadores y sindicatos de prácticos, que desde el sábado 1 de agosto frenaron todas las actividades en los puertos del país, provocando una paralización casi total del tráfico de barcos en rutas como el Río de la Plata y la Hidrovía.
Sin embargo, las autoridades sindicales y nacionales llegaron a un acuerdo este martes para suspender de «manera temporal» la medida y reducir un 20% las tarifas de practicaje. En paralelo, la gestión libertaria dispondrá de una mesa de trabajo conjunta con el sector y las carteras de Seguridad, Defensa y demás organismos con competencia en la actividad. Durante los encuentros se abordarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad de la actividad, los puntos que más rechazo generaron del decreto.
El Gobierno intentó desregular otra actividad clave
El régimen actual de practicaje esta vigente desde 1991 y define al practicaje y al pilotaje como un servicio público vinculado a la seguridad de la navegación en las vías náuticas. A través del sistema, los profesionales pueden contratarse de forma individual o mediante empresas habilitadas, mientras que Prefectura controla las condiciones operativas.
Sin embargo, desde el Gobierno Nacional sostuvieron que el sistema «generaba costos superiores a los registrados por otros puertos«, limitando a su vez el ingreso de nuevos prestadores. Desde el sector afirmaron que la desregulación del sector reduciría los controles técnicos, aumentando potencialmente los riesgos durante las maniobras.
