(BUENOS AIRES).- “Declarar de prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado”, estableció el artículo 1 del Decreto Supremo 5727. Bolivia puso bajo revisión 67 empresas públicas y abrió un proceso que puede derivar en reorganizaciones, disoluciones o liquidaciones.
El Decreto Supremo 5727 fue aprobado el jueves 24 de septiembre y publicado el viernes 25 en la Gaceta Oficial. La norma fijó una ruta para definir el futuro de las empresas estatales y mixtas, luego de que una evaluación técnica detectara al menos 20 entidades en situación crítica. La decisión se tomó durante una reunión virtual del gabinete encabezada por Rodrigo Paz Pereira desde Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El proceso no supone el cierre automático de las empresas bajo revisión. El Gobierno deberá definir de manera individual si corresponde reorganizarlas, disolverlas o liquidarlas, a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Ese informe tendrá que ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública antes de avanzar con cada caso.
Entel y los sectores estratégicos bajo evaluación
El universo analizado está integrado por 42 empresas estatales en su totalidad y otras 25 mixtas, con participación mayoritaria del Estado y capital privado. El 80 por ciento fue creado mediante Decreto Supremo durante las últimas dos décadas. Entre las entidades alcanzadas aparecen Entel, además de empresas eléctricas y petroleras que surgieron a partir de procesos de recuperación estatal o nacionalización.
La revisión profundiza un anuncio realizado por el Ejecutivo el 10 de septiembre, cuando informó que preparaba el cierre de hasta una decena de empresas públicas deficitarias durante los meses siguientes para reducir el gasto estatal. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anticipó que la medida se ejecutará en el corto plazo y que el futuro de cada empresa dependerá de su evaluación financiera.
El Gobierno de Bolivia también creó el programa nacional PATRIA mediante el Decreto Supremo 5726, con el objetivo de financiar la renovación de vehículos del transporte público y acelerar el reemplazo de unidades de diésel por otras a Gas Natural Vehicular (GNV). La iniciativa responde al impacto del retiro de la subvención estatal a los combustibles y permitirá que los conductores del transporte federado, libre y cooperativo accedan a mecanismos de financiamiento para comprar nuevos vehículos. El capital aportado por el Estado podrá recuperarse mediante pagos vinculados a cada carga de combustible, mientras que los mecanismos podrán incluir fondos, fideicomisos y otros instrumentos técnica y financieramente viables.
El Decreto Supremo 5726 establece que “El Programa Nacional de Renovación de Vehículos ‘PATRIA’ se ejecutará con el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles”. La entidad encargada de la conversión a gas pasa a llamarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria y dependerá del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Los choferes bolivianos anunciaron un repliegue nacional de unidades durante 24 horas para el lunes 28 de septiembre, en rechazo al nuevo esquema de precios del diésel. Los sindicatos cuestionan que el Gobierno haya dejado la cotización del combustible sujeta a las condiciones del mercado internacional y advirtieron que podrían avanzar hacia un paro indefinido. El Ejecutivo busca acelerar la sustitución por vehículos a GNV, de menor costo relativo para el transporte público, mientras avanza con la evaluación individual de las empresas estatales.
