(BUENOS AIRES).- “Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, señalaron los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah en el fallo. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes 22 de septiembre el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otras 18 personas en la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos.
La resolución atribuye a Diego Spagnuolo los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. También lo señala como jefe de una presunta asociación ilícita, mientras que la Cámara consideró que existen elementos para sostener la hipótesis de una organización integrada por funcionarios y particulares. Los procesamientos originales habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de 2026.
El fiscal Franco Picardi sostiene que un grupo paraestatal habría cooptado la agencia y la habría manejado en función de sus intereses. Su hipótesis incluye pedidos de coimas para direccionar contrataciones hacia determinados laboratorios, simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios y eventuales retornos. La resolución original describió a la ANDIS como “el centro de operaciones” desde donde se habrían gestionado pagos millonarios y contrataciones por fuera de los mecanismos habituales. La Justicia calculó en más de $30.337 millones el monto de las órdenes de compra involucradas en una parte de las maniobras.
¿Quiénes son los demás involucrados?
La Cámara Federal rechazó el planteo de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, que buscaba anular la causa por cuestionar si los audios atribuidos a Spagnuolo habían sido obtenidos de forma lícita. La resolución consignó que esas grabaciones mencionaban un sistema de coimas que alcanzaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Los jueces sostuvieron que el expediente cuenta con pruebas independientes de los audios, como allanamientos, pedidos de informes, intervenciones telefónicas y auditorías de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS, Miguel Ángel Calvete, empresario, y Pablo Atchabahian, médico y exfuncionario, también quedaron procesados. La Cámara redujo los embargos, que quedaron fijados en montos de hasta más de $35.000 millones, mientras que el total correspondiente al segundo grupo de procesados asciende a $396.834.168.801. Atchabahian fue procesado como “miembro” de la organización, una calificación distinta de la atribuida a quienes fueron considerados jefes.
Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo continúan bajo peritaje de Gendarmería Nacional para establecer su origen, autenticidad y si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación. El juez Ariel Lijo rechazó a comienzos de septiembre el último planteo de Spagnuolo para frenar esa medida y tiene ahora a su cargo la causa como subrogante del Juzgado Federal N°11. Farah señaló que ni Picardi ni Casanello tomaron las grabaciones como prueba para fundar las acusaciones.
La auditoría de la ANDIS identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos. Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad —la denominación que recibió la disuelta agencia—, renunció el lunes 21 de septiembre por “motivos personales”. Este miércoles está prevista la declaración de Nadia Beller, exnovia de Fernando Cerimedo, quien asegura tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei filtró los audios atribuidos a Spagnuolo.
