(BUENOS AIRES).- “En democracia la ley se cumple”, dijo Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA. El 22 de septiembre, la Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir en cinco días hábiles con la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y advirtió que aplicará multas pecuniarias por cada día de demora.
La resolución exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas estudiantiles. El reclamo sindical también incluye la actualización de las partidas para becas. Los gremios sostienen que los haberes perdieron un 32,5% durante los primeros años de la administración de Javier Milei.
El 1 de septiembre, Cormick había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la cautelar, porque el acuerdo firmado en junio no acreditaba que el conflicto estuviera resuelto. El magistrado había intimado al Estado a puntualizar y documentar en tres días el nivel de cumplimiento alcanzado. La información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanzó para demostrar la ejecución de la medida. En esa resolución, Cormick sostuvo que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente”.
El proceso comenzó con la cautelar original dictada en diciembre de 2025, después de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, que subordinó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar, y la Corte Suprema dejó firme la medida el 25 de junio al desestimar el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva.
El pedido de levantamiento se apoyó en un acta firmada el 10 de junio por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes. El acuerdo incluyó un aumento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y $50.000.000.000 para hospitales universitarios. También contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre. Desde el CIN calificaron el convenio como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y señalaron que no cubría todos los requisitos de la ley.
El conflicto gremial y la Marcha Federal Universitaria
La ronda paritaria del 17 de septiembre fracasó en el Palacio Pizzurno: la Secretaría de Educación ofreció un 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta rechazada por unanimidad por los sindicatos. ADUBA y APUBA iniciaron el 21 de septiembre un paro escalonado de 23 días, con actividades de visibilización, que se extenderá hasta el 22 de octubre. Emiliano Cagnacci afirmó: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”.
La Marcha Federal Universitaria será el próximo 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales. La movilización será la quinta edición y la segunda del año, mientras las organizaciones gremiales adelantaron que intensificarán las medidas de fuerza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, pidió que “el Gobierno nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados”. El paro de ADUBA y APUBA tiene prevista su finalización el 22 de octubre.
? El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a que dé efectivo cumplimiento de los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo máximo de cinco días o se aplicarán multas por cada día de demora.#UniversidadPúblicaSiempre ?? pic.twitter.com/ZCB72fPyVY
— CIN (@CINoficial) September 22, 2026
