(BUENOS AIRES).- «El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros». Con esa defensa, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó el proyecto de Inocencia Fiscal II que la Cámara alta convirtió este jueves 17 de septiembre en ley, con 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones.
La votación reflejó la división política del Senado de la Nación: el oficialismo acompañó la iniciativa, al igual que los senadores del PRO y la UCR, que aportaron parte de los votos necesarios para la mayoría. En contra se pronunciaron los senadores de Unión por la Patria y del bloque Justicialista, mientras que los bloques provinciales se dividieron entre el apoyo y el rechazo. El proyecto de Inocencia Fiscal II ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que quedó sancionado.
Cómo votó cada bloque
Entre los 44 votos afirmativos se destacan los de Bullrich, Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Carolina Losada, Mariana Juri, Luis Juez, Carlos Espínola y Flavia Royón. En la lista de los 23 negativos figuran Jorge Capitanich, Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Ana Marks, Juan Luis Manzur, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac y Gerardo Zamora, entre otros dirigentes del peronismo.
El debate en el recinto marcó el tono de la discusión sobre Inocencia Fiscal II. El peronista José Mayans sostuvo que la reforma es «un desastre» como la ley aprobada en diciembre y que constituye «un precio a los evasores y los narcotraficantes«. Además, apuntó: «Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción». Desde el oficialismo, el libertario Bruno Olivera Lucero, que abrió el debate, dijo que con el proyecto se busca que «no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto».
La ley modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y cambia las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) puede cuestionar las declaraciones de los contribuyentes, además de reducir la información que deben presentar las personas físicas y limitar facultades de fiscalización del organismo. Elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado, que hasta ahora exigía un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos, y redefine el concepto de discrepancia significativa: ARCA podrá impugnar una declaración cuando la diferencia implique un aumento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.
El proyecto también prohíbe acceder a los beneficios del régimen simplificado a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores, incluidos legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación. Bullrich explicó que se incorporaron resguardos para esos funcionarios, que podrán usar el mecanismo de la simplificación pero no los beneficios.
La sesión se había abierto a las 11.23 con un quórum estricto de 37 senadores. Antes del voto, el peronismo formuló cuestiones de privilegio contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausille, por el destino del oro de las reservas, a través de Florencia López y Martín Soria, rechazadas por Agustín Monteverde. El Senado también aprobó el traspaso de la Justicia de Menores a la Ciudad de Buenos Aires y los pliegos de dos candidatos a camaristas. Para el oficialismo, la sanción fue un logro para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles, con el objetivo de captar dólares que los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.
