(BUENOS AIRES).- «Cuando (Fernando) Cerimedo hacía campañas de desinformación a favor del Presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados. Si fuese ley, el exasesor estaría preso. No es que se arrepientan, esto es parte de la tentación autocrática de Milei«, sostuvo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, tras conocerse el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Islas Malvinas que el Gobierno de Javier Milei ingresó por la mañana a la Cámara de Diputados. La iniciativa fija penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen «campañas de desinformación masiva» y activó alarmas en varios bloques opositores, que advierten que puede usarse como herramienta de «persecución política» contra la prensa y la sociedad civil.
En concreto, el proyecto sobre Islas Malvinas propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, «actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». El artículo 111, además, apunta contra quienes «promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes«, con penas de 8 a 15 años si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales. Milei había anunciado el proyecto mediante una cadena nacional.
Ferraro amplió su crítica y cuestionó la vinculación de estas sanciones con la causa de Islas Malvinas. «Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política. Es un nuevo tipo de delito lleno de ambigüedades, grave considerando que el Presidente cree que el 95 % de los periodistas y políticos mienten», alertó. Y remarcó: «No se puede utilizar una causa nacional y política de Estado, que nos pertenece a todos los argentinos, para colar de la nada una herramienta de control político interno, como lo intentaron con el proyecto de lobby y algunas otras iniciativas».
Los constitucionalistas coincidieron con los legisladores en que la letra chica del artículo es compleja, porque plantea un «concepto muy amplio» que podría derivar en persecución de opositores. «El inciso a del artículo es complejo porque el tipo penal es muy abierto y puede ser utilizado para perseguir opositores», explicó Andrés Gil Domínguez.
Diego Armesto indicó que se estaría «al límite de un caso de ‘censura previa'», porque se permitiría la discrecionalidad del funcionario o de cualquiera que considere que existe un posible ataque contra el Gobierno o el proceso electoral. Félix Lonigro, por su parte, señaló que reprimir campañas de «desinformación» es muy peligroso, porque es un concepto amplio que podría afectar o condicionar la libertad de expresión.
El diputado Pablo Juliano escribió en sus redes que el proyecto busca «una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo» al Presidente, y le atribuyó al mandatario haber acusado este año a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia. Desde Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, también remarcaron que Cerimedo —hasta hace menos de un mes titular del 50 % de las acciones de La Derecha Diario— debería haber ido preso si la ley estuviera vigente: el consultor admitió haber hecho «campañas negativas» y reconocido el uso de bots y trolls. Gabriel Solano fue más lejos: «Milei debería ir preso si se aprueba el proyecto de ley de soberanía sobre Malvinas», posteo, donde mencionó la intervención de Trump-Bessent con 10.000 millones del Tesoro estadounidense el año pasado.
Alertas de la prensa y las organizaciones
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) difundió un comunicado en el que advierte un riesgo concreto para la libertad de expresión por la falta de precisión penal en conceptos como «manipular la opinión pública» y «desinformación«.
«No delimitan con claridad qué conducta se castiga y dejan un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional. La experiencia comparada muestra que normas de este tipo, presentadas bajo la bandera de la soberanía o la seguridad nacional, terminaron utilizándose para castigar el disenso, desalentar la crítica periodística y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región y de Europa del Este», observó la entidad.
Desde Poder Ciudadano indicaron que se están introduciendo cosas que no salieron en otros proyectos del Gobierno y expresaron su preocupación por que, bajo la excusa de luchar contra la desinformación, termine siendo una herramienta de censura. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), mientras analiza el articulado en detalle, admitió que a priori lo mira con preocupación.
Desde La Libertad Avanza minimizaron el impacto de la iniciativa y aclararon que aún no está definido si el texto tendrá giro a la Comisión de Legislación Penal, pese a que contempla sanciones penales. Según estiman en el oficialismo, el debate del proyecto comenzará la semana del 7 de octubre en el Congreso.
