La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un duro comunicado contra el Gobierno nacional por la reglamentación del Decreto 612/2026, vinculado con la reforma laboral. La entidad cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y sostuvo que la nueva normativa desvirtúa el objetivo inicial de reducir cargas y costos laborales.
Los empresarios mayoristas apuntaron a los aportes obligatorios que deben realizar las empresas por cada trabajador al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Según CADAM, este mecanismo genera una recaudación superior a los $30.000 millones anuales. La cámara cuestionó que esos recursos se distribuyan entre determinadas entidades empresarias, incluso cuando las compañías no decidieron asociarse a ellas. “No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, sostuvo la entidad en su reclamo.
El cuestionamiento a los aportes obligatorios
Para los empresarios, el problema no radica en que las cámaras reciban fondos, sino en que las compañías deban realizar esos aportes de manera obligatoria.
CADAM sostuvo que las empresas deberían tener libertad para decidir si destinan recursos a esas estructuras y cuestionó que las contribuciones surjan de convenios colectivos en los que muchas compañías no participaron directamente.
La entidad también señaló que los trabajadores no necesariamente reciben una capacitación efectiva a cambio de esos aportes. En este contexto, los mayoristas advirtieron que el esquema termina elevando los costos laborales y afecta la competitividad de las empresas del sector comercial.
CADAM cuestionó la reglamentación de Sturzenegger
La cámara empresaria consideró que el Decreto 612/2026 modificó de manera negativa el espíritu de la reforma laboral. Según su interpretación, la normativa mantiene el carácter obligatorio de determinadas contribuciones dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo, aunque establece que deben destinarse a obras de carácter social, asistencial o cultural.
CADAM cuestionó que el Gobierno haya reintroducido mediante la reglamentación un mecanismo que, según la entidad, contradice el objetivo de reducir cargas laborales.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtieron los empresarios.
El reclamo de los empresarios mayoristas
El sector mayorista pidió que cualquier modificación destinada a reducir los costos laborales respete la libertad de decisión de los empleadores.
Para CADAM, las empresas no deberían quedar obligadas a financiar estructuras con las que no se sienten representadas. La entidad sostuvo que los aportes deben responder a una decisión voluntaria y no a una imposición derivada de las negociaciones colectivas.
El reclamo vuelve a poner en el centro de la discusión el impacto de los aportes patronales y costos laborales sobre las empresas y la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
