(BUENOS AIRES).- “Los decretos ya están. Las sanciones también”, dijeron voceros del Ejecutivo. Javier Milei firmó los decretos y las primeras sanciones este jueves, en el marco de las medidas anunciadas en la cadena nacional por las Islas Malvinas, mientras el Gobierno prevé enviar la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Oficina del Presidente dio a conocer el jueves 3 de septiembre, a las 22:23, un comunicado en el que ratificó la firma del decreto y el envío del proyecto de ley sobre el programa Sea Lion, por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.
El organismo sostuvo que “recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. La comunicación presentó la defensa de la soberanía y de los recursos argentinos como el fundamento de las medidas anunciadas.
Uno de los decretos apunta a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra las compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas alrededor de Malvinas. El Gobierno reforzará además los mecanismos de detección e intercambio de información para identificar empresas, accionistas, directores y proveedores relacionados con esos proyectos.
La decisión también contempla nuevas inhabilitaciones para operar en la Argentina contra actores vinculados directa o indirectamente con la explotación británica de recursos en las islas. Javier Milei sostuvo durante la cadena nacional que las compañías deberán elegir entre participar de esos proyectos o mantener operaciones en territorio continental argentino.
El paquete incorpora además un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. El instrumento fija dos destinos prioritarios: avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
El paquete que llegará al Congreso
El proyecto de ley concentrará las modificaciones que todavía requieren tratamiento legislativo. El Gobierno prevé girarlo al Congreso durante la próxima semana y descarta dividir sus principales capítulos en iniciativas diferentes. La propuesta modificará la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas, extender esas medidas a proveedores de compañías involucradas en operaciones no autorizadas e impedir que los infractores contraten con el sector público o con empresas privadas en la Argentina.
La iniciativa incorporará la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda. El régimen también alcanzará otras actividades desarrolladas en las islas que afecten recursos naturales argentinos. El Gobierno busca ampliar el alcance de las herramientas actuales y no limitar la respuesta al proyecto petrolero Sea Lion.
El mismo texto creará un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendrá facultades para aplicar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y privados considerados una amenaza para la seguridad nacional, una atribución que deberá ser otorgada por el Congreso. La Oficina del Presidente sostuvo: “Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.
Javier Milei y el Ejecutivo esperan aprovechar el consenso político que genera el reclamo por Malvinas para acelerar el tratamiento y convertir las medidas en operativas antes de que avance la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
